La Audiencia Nacional no investigará la muerte de Oswaldo Payá en Cuba

F. Mollá.- La Audiencia Nacional ha confirmado este jueves 27 de febrero la decisión del juez Eloy Velasco de no investigar la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá, que se produjo el 22 de julio de 2012 al sufrir un accidente en un vehículo que conducía el dirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular (PP) y presidente de NNGG del distrito de Salamanca, Ángel Carromero, que fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio imprudente por el tribunal cubano.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación presentado por la mujer y la hija de Payá contra la decisión del juez instructor de no admitir a trámite una querella que apuntaba a una “persecución política” como causa del accidente y atribuía delitos de lesa humanidad a dos mandos del Ejército cubano.

El tribunal señala que el relato contenido en la denuncia “ni resulta en sí mismo verosímil ni viene acompañado de elementos que le doten del grado de credibilidad suficiente para poder confrontarse con un mínimo de éxito” con la sentencia dictada el 12 de octubre de 2012 por el Tribunal Provincial de Granma de la República de Cuba, que condenó a Carromero a cuatro años de cárcel por doble homicidio imprudente. En el accidente también murió el miembro del Movimiento Cristiano de Liberación (MLC) Harold Cepero.

Los magistrados Concepción Espejel, Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada, que ha sido ponente de la resolución, también consideran “absolutamente evidente” que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos porque se encuentran “muy lejos” del tipo penal en el que se enmarcan los crímenes de lesa humanidad.

Sentencian que no existe “ningún elemento” en la querella que “permita cuestionar fundadamente, ni en el plano formal ni en el material, el relato fáctico” contenido en la sentencia cubana. De igual modo, los magistrados dejan claro que “de ninguna manera” corresponde a los tribunales españoles “la revisión de lo establecido en sentencia firme por el tribunal cubano”.   

El juez Velasco rechazó en septiembre pasado la admisión a trámite de la querella argumentando que la sentencia dictada en Cuba fue “objeto de reconocimiento explícito por parte del Gobierno español” y por parte del propio Carromero. “La pretensión de dotar a los tribunales españoles de jurisdicción para la revisión y nuevo enjuiciamiento del caso es abusiva”, aseguraba en un auto.

La mujer de Payá, Ofelia Acevedo Maura, y su hija, Rosa María Payá Acevedo, dirigían su acción penal contra el teniente coronel Águilas, jefe de Instrucción de Delitos de la Seguridad del Estado cubana; el coronel Llanes y el resto de personas que la Audiencia Nacional pudiera considerar “partícipes” en “los delitos que culminaron” con la muerte de Payá y Cepero. 

La familia justificaba que esta investigación era “necesaria e “indispensable por un cuestionamiento elemental de Justicia”, ya que el actual régimen cubano no puede seguir “persiguiendo, maltratando, mintiendo, asesinando e intimidando a una sociedad impunemente, cual dueños absolutos de la vida de millones de personas”.

Carromero, empresario miembro de Nuevas Generaciones

Cuando saltó la noticia del accidente de tráfico, el 21 de julio de 2012, a nivel local Carromero era un empresario de relativo éxito y un político con mucho futuro dentro del Partido Popular.

Con 27 años, este licenciado en Derecho ya era vicesecretario General de Nuevas Generaciones de Madrid, así como presidente de Nuevas Generaciones de Distrito Salamanca, aunque su principal sueldo le llegaba como consejero técnico del Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Moratalaz, a las órdenes de Begoña Larrainzar.

Con las retribuciones de un consejero técnico, Carromero consiguió abrir su primer negocio: el gimnasio Vanitas Fitness, sito en la esquina que conforman las calles Jorge Juan (90) y Fernán Gonzalez (17), y que abrió sus puertas en verano de 2009, hace tres años.

Preso con cargos públicos

Ahora, pese a cumplir el tercer grado en la cárcel de Segovia, a la que fue trasladado desde la de Cuba, y tener que utilizar una pulsera que le mantiene localizado en todo momento, Carromero continúa trabajando para el Ayuntamiento de Madrid.

Desde abril, cuando le cesaron como consejero técnico del Ayuntamiento en la Junta de Moratalaz, donde ocupaba un cargo de confianza de la concejal Begoña Larraínzar, forma parte del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid, donde se encarga de organizar los plenos: prepara iniciativas y proposiciones de cara a los plenos, redacta informes y recopila datos.