Cuando se cumple un año, el caso se cierra sin culpables. La víctima tenía 32 años y era madre de dos niños, de nueve meses y cuatro años. Se quitó la vida en su casa el 25 de mayo de 2019, cinco días después de que empezaran a difundirse por Whats App cinco fragmentos de un vídeo sexual suyo entre buena parte de los casi 2.500 empleados de la planta de Iveco Pegaso de Madrid en la que ella trabajaba.
Tras su muerte, hace ahora un año, se abrió una investigación, pero el juzgado de lo penal número 5 de Alcalá de Henares (Madrid) ha sobreseído provisionalmente el caso sin encontrar culpables, según informa El Periódico este domingo 24 de mayo de 2020.
Cinco días después del suicidio y dos días después de trascender la noticia a los medios de comunicación, el 30 de mayo de 2019 a las 17.00 horas, su ex se entregó en un cuartel de la Guardia Civil en Mejorada del Campo (Madrid), a 20 kilómetros de la empresa en la que ambos trabajaban.
Fue puesto en libertad sin cargos el mismo día.
Así lo contamos en Zonaretiro
Una empleada de la empresa de automoción de Madrid Iveco Pegaso, de 32 años de edad, casada y madre de dos hijos, se ha suicidado después de que un vídeo sexual que ella protagoniza y que fue grabado hace cinco años haya circulado por los teléfonos móviles de los 2.402 empleados de su empresa.
“Se puso muy nerviosa y se tuvo que marchar de la fábrica porque no aguantaba la presión, tanto aquí como de su entorno familiar”, explica una compañera de trabajo de la fallecida.
“Ella quería que la historia pasase, que la gente dejara de hablar cuanto antes, no tenía pensado denunciar”, añade.
El vídeo fue grabado antes de que estuviera casada y su mayor temor era que lo viera su marido. El vídeo le llegó y sufrió un ataque de ansiedad. Al día siguiente, se quitó la vida.
“Cuando se enteró el marido de que el vídeo estaba circulando a ella se le cayó el mundo”, afirma otro compañero.
La Planta de Madrid de Iveco Pegaso cuenta con 2.402 empleados, de los que un 21% son mujeres.
Delito contra la intimidad
La Policía Nacional ha abierto una investigación por un presunto delito contra la intimidad de Verónica por la difusión del vídeo.
La mujer no había interpuesto una denunciado pero sí los había puesto en conocimiento del comité de empresa, que lamenta el uso irresponsable de las redes sociales que ha tenido esta trágica consecuencia y señala que las responsabilidades compartidas tendrán que depurarse.
El Código Penal castiga con hasta un año de cárcel o multa de hasta doce meses la difusión de un vídeo íntimo sin la autorización de la persona afectada.
Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras denunciará a la empresa ante la inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso en el trabajo.
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