La Policía Nacional ha abierto una investigación por un presunto delito contra la intimidad de la empleada de la empresa IVECO sita en Madrid que se suicidó tras la difusión entre sus compañeros de trabajo de un vídeo sexual que ella protagoniza.
La mujer no había interpuesto una denunciado pero sí los había puesto en conocimiento del comité de empresa, que “lamenta el uso irresponsable de las redes sociales que ha tenido esta trágica consecuencia y señala que las responsabilidades compartidas tendrán que depurarse”.
El Código Penal castiga con hasta un año de cárcel o multa de hasta doce meses la difusión de un vídeo íntimo sin la autorización de la persona afectada.
Se investiga si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma por un error la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas.