La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este domingo 22 de marzo de 2020 un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar la adquisición centralizada de material sanitario diverso para la atención urgente de los afectados por coronavirus (COVID-19). La cantidad aprobada este domingo por declaración de urgencia asciende a 23,3 millones de euros.
Se espera la llegada de dos aviones cargados de material para uso de los profesionales sanitarios y ha pedido al Gobierno central que permita la llegada de ambos al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, con el fin de que puedan llegar a los centros hospitalarios.
Se espera que el primero de ellos, procedente de China, esté en Madrid en las próximas 24 horas, cargado de material como respiradores para seguir adaptando los puestos UCI, mascarillas o batas, con el fin de proteger a los profesionales sanitarios.
Compra de material centralizada
Con motivo del seguimiento de la situación y evolución del coronavirus y en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, ante la emergencia de salud pública causada por este patógeno, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está adoptando las medidas de prevención y contención necesarias para la vigilancia y control en materia de salud pública.
Ante la situación epidemiológica actual en la Comunidad de Madrid, con el fin de garantizar la protección de pacientes y profesionales sanitarios, el Servicio Madrileño de Salud, por razón de emergencia sanitaria, “requiere hacer una compra centralizada, así como la gestión del suministro, de material sanitario diverso, para todos los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud”.
Ante la situación actual en España, de infección por Coronavirus y con el fin de garantizar la seguridad, la salud de la población y el interés general, así como posibilitar una atención sanitaria adecuada a la población, se hace necesario acudir a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
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