Los diez primeros días de huelga han costado un millón de euros públicos

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L. Torres.- A diez días del inicio de la huelga indefinida de limpieza viaria de Madrid, y sin que el Ayuntamiento siga sin tomar medidas, el montante de pérdidas ocasionadas por contenedores y cubos rotos o quemados y reventadas o con desperfectos supera ya el millón de euros, que serán sufragados por las arcas municipales, a la espera de depurar responsabilidades.

Foto: Sergio Rozas (Flickr – CC)

Las concesionarias del servicio (OHL, Sacyr, FCC y Ferrovial) cuantifican en 454.469 euros las pérdidas, y el consistorio asegura que hay 496.000 euros más debido a los 359 contenedores y cubos que han resultado rotos o quemados en el conflico (196.000 euros) y a las 877 papeleras de la capital que han sido reventadas o con desperfectos (300.000).

Asimismo, las empresas señalan que ha habido 364 actuaciones “agresivas” de los piquetes en los cantones (centros de trabajo) entre las que citan ejemplos como lanzamientos de cócteles molotov, piedras, petardos o bolas de acero, a lo que habría que añadir los daños en vehículos, instalaciones y material, según recoge el diario El País.

Además, un portavoz de las contratas explica que se han pinchado tres vehículos y han tenido lugar 60 actuaciones vandálicas en instalaciones a las que hay que añadir 1.400 ruedas de coches y carros de barrendero pinchadas y 78 lunas y espejos retrovisores rotas.

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También han resultado dañadas 2.089 herramientas y 220 pintadas en los cantones, coches y maquinaria, además 920 cerraduras rotas,

Si bien el gobierno de Botella espera poder trasladar los gastos en cubos y contenedores “a las partes en conflicto”, de momento este dinero saldrá de las arcas municipales de todos los madrileños.

El millón de euros en pérdidas será aún mayor si a partir de este viernes 15 de noviembre continúa adelante el conflicto iniciado el pasado día 5, y que este viernes debería comenzar a encauzarse en función del ultimátum del Ayuntamiento, que amenaza con llevar a las concesionarias ante la Fiscalía y con encargar a la empresa Tragsa, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y depende del Ministerio de Agricultura, el cumplimiento de los servicios mínimos, pese a la oposición de los sindicatos que representan a sus trabajadores.

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