La Guardia Civil pide investigar a Cifuentes por cohecho y prevaricación

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Cifuentes, este lunes 15 de mayo de 2017, día del patrón de Madrid capital

C. Linares.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir “de antemano”, según ha trascendido este martes 16 de mayo de 2017, apenas 14 días después de que Cifuentes declarara en el Día de la Comunidad de Madrid que “el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid”.

Cifuentes, muy activa en redes sociales, no ha realizado declaración alguna una vez conocida la noticia.

Adjudicaciones amañadas

En un informe de la UCO que analiza exclusivamente estas adjudicaciones se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el informe, estos contratos de “adjudicación de los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011” a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, “se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones”.

Cifuentes, Aguirre, Arturo Fernández y González

Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona expresamente está Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era también vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) pero que, advierte la Guardia Civil, está sujeta a aforamiento actualmente.

Dimite un viceconsejero de Cifuentes

Apenas una hora antes de conocerse esta información, uno de sus viceconsejeros, el de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, ha dimitido tras ser imputado en el caso Púnica.

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad “B” de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones generales (2008).

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