L. Torres.- El gobierno regional de la Comunidad de Madrid publicó el pasado día 26 de noviembre, coincidiendo con la primera jornada de huelga de médicos y enfermeras, un polémico vídeo para explicar a los madrileños que las privatizaciones de hospitales públicos no van a afectar a sus bolsillos titulado ‘Que no te engañen’.
El vídeo despertó la indignación de los trabajadores del servicio público de salud al mostrar a un médico que, tras hablar de los recortes con una paciente le decía: “Por favor, déjeme su tarjeta”, a lo que la enferma le entrega su VISA. El especialista sonríe y le explica que ésa no hace falta: “basta con la de siempre”.
Por ello, este viernes 30 de noviembre los afectados han publicado otro vídeo que, imitando a éste, explica lo que realmente está ocurriendo en la Sanidad madrileña, según la versión de los propios empleados:
Uno de los protagonistas de este vídeo es el médico interno residente en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de La Princesa, Jaime Nogueiras Pérez-Santamarina, que esta semana ha explicado en Zonaretiro.com los motivos que les han llevado a hacer huelga y que decía así:
Por qué los médicos estamos en huelga
Los médicos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) estamos en huelga desde el pasado lunes 26 de noviembre, y así seguiremos de lunes a jueves durante las próximas semanas, hasta que la Consejería de Sanidad acepte paralizar el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid y negociar con los profesionales del SERMAS una solución que garantice la continuidad de nuestro sistema sanitario público.
El recurso a una medida de presión tan drástica como la huelga es una circunstancia excepcional en la Sanidad madrileña. Tanto es así que es esta la primera vez en la historia del sistema público de salud en la Comunidad de Madrid en la que todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial han coincidido de forma unánime en apoyar una convocatoria de huelga. Y si excepcionales son las fórmulas de protesta adoptadas, tanto más lo es la gravedad de la situación que las ha motivado. El miércoles 31 de octubre -oportuna víspera del puente de Todos los Santos-, el Consejero de Sanidad D. Javier Fernández-Lasquetty anunciaba, en el contexto de la presentación del proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013, la puesta en marcha de una profunda reconversión del sistema sanitario madrileño, articulada a través del ya mencionado “plan de garantías de la sostenibilidad de la sanidad” -abreviando el farragoso nombre oficial-, y centrada en los siguientes puntos:
⁃ Reducción global del presupuesto del SERMAS en unos 540 millones de euros.
⁃ Implementación de una tasa de 1€ por cada receta médica emitida.
⁃ Privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales que actualmente son de “gestión mixta” -gestión pública de servicios sanitarios y privada de no sanitarios-: hospitales del Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez).
⁃ Privatización de la gestión del 10% de los Centros de Salud de Atención Primaria.
⁃ Cierre del hospital Instituto de Cardiología.
⁃ Reconversión del Hospital Carlos III en un centro de media y larga estancia.
⁃ Reconversión del Hospital Universitario de La Princesa en un centro especializado en -y exclusivo para, según el proyecto inicial- mayores de 75 años.
La publicación de estas medidas desencadenó rápidamente una reacción de perplejidad y estupor en todo el colectivo sanitario. El Hospital de La Princesa, uno de los más afectados, fue el primero en movilizarse para expresar su rotundo rechazo a un plan que suponía una reducción de más del 30% en su presupuesto y que en la práctica resultaba incompatible con el mantenimiento de la actividad asistencial, docente e investigadora de primer nivel que el centro venía desempeñando hasta la fecha.
La rápida respuesta de los trabajadores y usuarios del hospital, así como de toda una constelación de sociedades científicas, asociaciones de pacientes y autoridades universitarias; forzó a la Consejería de Sanidad a reconsiderar su posición inicial sobre el futuro del hospital y negociar con la Junta de Centro una solución más cabal. Estas negociaciones dieron su fruto cuando el miércoles 21 de noviembre se alcanzó un acuerdo, conforme el cual se limitaba la reducción del presupuesto al 10% y se garantizaba el mantenimiento de la actual población de referencia -de todas las edades- y el carácter de hospital general.
El desmantelamiento de un hospital de referencia a nivel nacional para reconvertirlo en un geriátrico, es probablemente la más descabellada e injustificada de las medidas incluidas en el “plan de garantías”, pero ni mucho menos la única preocupante. La privatización de la gestión de centros sanitarios públicos supone un giro copernicano en los principios sobre los que se fundamenta el Sistema Nacional de Salud: dejaremos atrás el modelo actual, en el que el objetivo primordial es proporcionar al paciente la mejor atención sanitaria factible con los recursos disponibles; para pasar a un escenario donde lo prioritario será la obtención del mayor beneficio económico posible para la empresa gestora.
La Consejería asegura que estas medidas son las únicas que pueden garantizar la continuidad del SERMAS en el actual contexto de crisis económica. Explican que hay que recortar gastos, y que la mayor eficiencia de la gestión privada permitirá reducir el gasto por paciente de 600 a 441€. Es curioso que, según datos de la propia Consejería, de los seis hospitales privatizados sólo uno, el del Henares, supera este límite, y por poco: 445€ de gasto por paciente. Los demás se mueven en cifras entre 300 y 400€ por paciente aproximadamente. También resulta llamativo que la presunta mayor eficiencia de la gestión privada de la sanidad pública se esgrima como incontestable dogma de fe, sin aportar absolutamente ningún dato -ni mucho menos ningún estudio científico riguroso- que respalde tal afirmación. Lo cierto es que existen precedentes poco halagüeños, como lo ocurrido en el Reino Unido en los años ochenta o, más recientemente, el Hospital de Alzira en la Comunidad Valenciana; donde la privatización acabó generando un incremento de costes y repercutiendo negativamente en calidad de la asistencia sanitaria.
No menos nefastas que el contenido de la reforma son las formas de que el Gobierno autonómico ha hecho gala a la hora de plantearla. Esta radical reinterpretación del concepto de sanidad pública ha sido diseñada sin contar en absoluto con la opinión de los profesionales del sector, a quienes no se ha consultado en ningún momento y que se enteraron de las intenciones de la Consejería por los medios de comunicación. Es más, la Consejería ha desoído repetidamente las propuestas de los profesionales con vistas a mejorar la eficiencia del sistema -por ejemplo la implantación de la receta electrónica, que ha demostrado un importante ahorro en gasto farmacéutico allí donde ha entrado en funcionamiento.
Es por todo ello por lo que los médicos del sistema público de salud madrileño hemos creído que sólo yendo a la huelga podríamos conseguir que nuestra voz se escuchase. Para que cuando decidamos si realizar una prueba complementaria o si prescribir un determinado medicamento, lo hagamos en función de si son o no necesarios y no sólo de si son “coste-efectivos”. Para que la salud de nuestros pacientes no sea un medio de enriquecimiento para unas pocas empresas. Para que las decisiones en materia de sanidad se tomen en función de criterios técnicos y científicos, no de argumentos puramente ideológicos.
El ejemplo del Hospital de La Princesa es una muestra de cómo el diálogo entre Administración y profesionales puede lograr que todos salgan ganando, de cómo el tener en cuenta los argumentos técnicos y racionales de quienes más saben del sistema de salud -los que trabajan en él- puede lograr las mejores soluciones a los problemas que se plantean. Por eso animamos a la Consejería a que, vista la oposición unánime de los sanitarios madrileños, recapacite y detenga las reformas que plantea en su “plan de garantías”. Aún estamos a tiempo de que nadie pierda.