El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado que denunciará ante los Juzgados y la Fiscalía al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, por “decidir arbitrariamente quién debía recibir asistencia hospitalaria y quién no en las residencias de mayores”.
El Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, pedirá que se investigue si en las residencias de mayores de gestión privada y pública autonómica del municipio se aplicó el protocolo que determinaba qué enfermos tenían derecho a ser atendidos en los hospitales y cuáles no.
El objetivo es conocer si en las residencias de mayores de la localidad -Parque de Coimbra, Domus VI Ciudad de Móstoles, Coimbra Park, Alameda de Coimbra, Las Camelias, Nuestra Señora de La Esperanza y Sar Quavitae- se aplicó este protocolo por orden de la Consejería de Sanidad y determinar responsabilidades.
Si se demuestra que fue así, entiende el Ayuntamiento que podría existir “un presunto delito de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas y otro presunto delito de omisión del deber de socorro”, señala este martes el Consistorio en un comunicado.
La decisión de denunciar se toma a raíz de algunas informaciones publicadas por el diario Infolibre, que apuntan a que la Consejería de Sanidad, que dirige Ruiz Escudero, elaboró un Documento/Protocolo que establecía “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid.
Según esas informaciones, Ruiz Escudero “habría dado órdenes escritas a las residencias para que estableciesen criterios selectivos que determinaban qué enfermos podían ser enviados y tratados en los hospitales y a cuáles enfermos se les debía negar la asistencia hospitalaria, aunque su cuadro médico lo requiriese”.
Para el Ejecutivo local “esta discriminación es inmoral”, ya que “transformaba las residencias en campos de extermino selectivo en los que se decidía quién debería recibir tratamiento y quién no, dando a estas personas un trato inhumano y degradante al negarles arbitrariamente el derecho a ser tratados en hospitales”.
Además, el Ayuntamiento asegura que el protocolo establecido por la Comunidad de Madrid “vulnera los derechos constitucionales de los afectados y, concretamente, el Artículo 14 de la Constitución Española que dispone que todos los españoles son iguales ante la ley”.
También consideran que la aplicación de este protocolo selectivo puede constituir también “un presunto delito de omisión del deber de socorro por parte de los profesionales que lo habrían aplicado”, según el artículo 196 del Código Penal.