L. Torres.- Era extraordinario, pero era el primero. El primero con el nuevo Gobierno municipal de Ana Botella y el primero con Ángel Garrido como presidente. Apenas duró cinco minutos porque tenía un único punto en el Orden del Día: informar oficialmente de la renuncia de los concejales salientes del Partido Popular: Manuel Cobo, Juan Bravo y Pilar Martínez: vicealcalde, delegado de Hacienda y delegada de Urbanismo, respectivamente, del antiguo equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
Tras constatar estas renuncias, el Pleno informó que se dirigirá a la Junta Electoral Central para solicitar el nombre de los siguientes candidatos de las listas electorales que han de cubrir las vacantes producidas.
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La figura de presidente del Pleno, que hoy cumple Garrido -que abandonó el distrito de Retiro hace unos días, pasando a cobrar 97.900 euros por esta nueva función-, es relativamente nueva. Su asignación fue aprovada tras las elecciones municipales de mayo, cuando el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cedió dicha presidencia a Paz González. Desde entonces, fue el mismo Gallardón el que se sometetió a preguntas de control de la oposición, tras la modificación de la estructura que propuso el día de su investidura para dotar al Ayuntamiento -según él- de un sistema “más parlamentario”.
Concejales: 67.055,31 euros
Por su parte, los sueldos de los concejales en la capital están vinculados a los salarios de los secretarios de Estado, que fija el Gobierno central. Según los últimos Presupuestos Generales, cada secretario de Estado cobra 67.055,31 euros al año, más los pluses de productividad.
Por detrás se sitúan las asignaciones del vicealcalde y, desde junio, el de presidente del Pleno. A continuación, los del resto de miembros de la Junta de Gobierno, que ganan un 4% menos, es decir, unos 93.800 euros. Los concejales de distrito reciben unos 91.700 euros por ejercicio.
Además, los concejales sin responsabilidades de gobierno pero con dedicación exclusiva cobran 62.000 euros, mientras que los que compatibilizan su cargo público con un empleo en el sector privado no recibirían salario municipal.