B. Hernández Abreu*.- Con casi cinco millones de parados, la situación en los Juzgados de lo Social es crítica a tal extremo que las fechas para juicios sobre despidos improcedentes y de reclamaciones de cantidad (nóminas impagadas) se fijan para el 2013.
El indetenible aumento del paro ha incrementado en casi un 50% los asuntos judiciales de despidos improcedentes, impagos de nóminas y conflictos con la seguridad social -entre otros- y desborda a una Administración de justicia que no ha sido dotada de más medios con los que hacer frente al volumen de expedientes.
Después de la vista (el juicio) y que sea impuesta la sentencia, ésta se tiene que hacer cumplir para que sea realmente efectiva. Con la crisis actual muchas -por no decir una gran mayoría- de las empresas tienen dificultades de liquidez para hacer frente al pago de la indemnización o de las nóminas según el caso, y por lo tanto en el Juzgado se tiene que tramitar otro procedimiento adicional, la ejecución de la sentencia impuesta.
La ejecutoria de la de sentencia implica más dedicación a los funcionarios, que tienen que proceder a averiguar bienes y patrimonio; así el embargo de los mismos -si existen, en el mejor de los casos- resulta en una sentencia de nulo cumplimiento, pues una gran mayoría de veces ya no existe patrimonio a ejecutar.
En el 2012 se reformará la Ley de la Jurisdicción Social que supondrá más competencia para estos juzgados ampliando su competencia a accidentes laborales y acosos, y por consiguiente es impostergable implantar los medios adecuados con el fin de evitar un colapso en los ya atascados Juzgados de lo Social.
*Beatriz Hernández Abreu es directora del buffete Hernández Abreu Abogados.
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El problema principal no son los atascos en los juzgados.