Metro y el Canal, de camino al sector privado

A. Inurrieta*.- La sociedad madrileña, pero en general la sociedad española, tendrá que asumir que dos de las joyas de la corona, el Canal de Isabel II y el Metro de Madrid, pasarán a manos del sector privado, en un único intento de generar ingresos recurrentes para la administración autonómica.

Estas dos empresas, que en general presenta balances saneados y en el caso de la empresa de aguas reparte dividendos, demuestran que la gestión pública puede ser eficiente, solvente y que devuelven a los madrileños parte de los impuestos que se utilizan para su financiación. En el caso de Metro, la fortísima expansión llevada a cabo por los gobiernos del PP desde la llegada de Gallardón y continuada después con Esperanza Aguirre, ha permitido consolidar un servicio muy competitivo y una empresa de dimensión muy elevada, que permite aprovecharse de las sinergias de tamaño y poder crecer, titulizando incluso sus ingresos futuros. En estos momentos, además, la administración está intentando generar ingresos recurrentes a través de el patrocinio de las propias estaciones de metro. En el caso del agua, un bien público, la calidad y la red de saneamiento realizado garantizan un servicio de excelencia que es propiedad de los consumidores y contribuyentes.

Las razones de la posible privatización tendrían dos explicaciones. La primera es meramente ideológica y reside en la creencia de que el Estado no debe ser suministrador de bienes o servicios, salvo aquellos que el sector privado no tiene capacidad o no son estratégicos y por ende se mantienen en manos públicas. La segunda tiene que ver con la capacidad de gestión, o en su defecto la superioridad del sector privado sobre el público, en materia de gobernanza empresarial y que podría justificar su traspaso, siempre que esa premisa sea cierta.

La realidad económica nos dice que no hay evidencia empírica concluyente sobre la diferencia estadísticamente significativa entre la gestión pública o privada de una empresa, y menos en el campo de los servicios públicos esenciales. Por lo tanto, la justificación para su venta al sector privado, radica esencialmente en el apriorismo ideológico y en la necesidad de ingresar fondos ante la crisis profunda de ingresos que asola las arcas estatales, pero especialmente las autonómicas.

Ante esta tesitura, la pregunta que surge como ciudadano, pero especialmente como economista y analista, es si esta decisión es justa, responde a criterios de equidad y si es eficiente. En primer lugar, analicemos la inversión fija realizada. Es decir las infraestructuras de metro (estaciones, túneles, catenarias, etc), más el material rodante. Esta inversión, realizada y costeada por el contribuyente es materialmente imposible que se pueda incluir en el precio de venta de Metro de Madrid. Lo cual nos dice, que como ocurrió con otras privatizaciones realizadas en empresas de servicios como Telefónica o REE, se produce un trasvase de rentas de los contribuyentes y ciudadanos a empresas privadas, perdiendo un volumen de riqueza y de generación de ingresos futuros muy notables. De igual forma, la empresa de aguas, presenta un  balance saneado y un stock de capital público notable, cuyo precio, aunque en algunos casos esté amortizado, no será interiorizado por el capital adquirente.

Una opción, no explotada, es que las empresas adjudicatarias pagasen un canon por el usufructo del capital público y pudiesen explotar ambos negocios, con el correspondiente dividendo social que compensaría lo que el contribuyente y ciudadano, que no el Estado, va a perder en términos de capital físico y probablemente en términos de equidad, eficiencia y calidad de los servicios.

En estos momentos, hay que recordar las películas de Ken Loach en el Reino Unido para observar y recordar los ejemplos de la privatización de servicios públicos, especialmente de transportes. Las imágenes de la pérdida de calidad del servicio ferroviario o de metro en el Reino Unido deberían servir de espejo para no tirar por la borda el esfuerzo de gestar unos servicios públicos de calidad.

*Alejandro Inurrieta es ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y Presidente del Observatorio del Distrito de Salamanca

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Foto: G.B. (Zonaretiro.com)