‘Escrache’ en nuestros barrios

C. Muñoz*.- Durante las últimas semanas, nuestros barrios han vivido nuevas formas de lucha por la dignidad de las personas. Tanto en el distrito de Salamanca como en Retiro, y en otros muchos distritos, hemos asistido a las primeras muestras de escrache que empiezan a desarrollarse en nuestra comunidad y en todo el estado. ¿Y qué es el escrache? Es una acción organizada por ciudadanos que se acercan a los políticos para recordarles que están manteniendo unas leyes criminales contra la mayoría de la ciudadanía a la que deberían amparar. Se les informa de las consecuencias reales y se les señala como culpables si no quieren defender nuestros derechos más fundamentales.

Nuestra sociedad comienza a despertar, y ya parece difícil que vuelvan a mantenernos aletargados durante mucho más tiempo. La situación es crítica para la mayoría, y no hablaré de cifras macro-económicas, ni en el lenguaje de quienes nos están estafando. La situación es crítica porque millones de familias españolas no tienen manera de poder alimentarse ni mantener una vivienda digna por medio de su propio trabajo. El sistema nos dispara en la nuca y nos arroja a las cunetas. Y para colmo pretenden que todo eso no quede a la vista. “Marca España”.

Estamos hablando de una casta política que fomenta que banqueros y accionistas de multinacionales sigan jugando con nuestras vidas, arrebatando sus hogares a familias que han cometido el atroz crimen de perder su trabajo y no poder seguir pagando los inflados precios impuestos por “los mercados” y los bancos para poder tener un suelo sobre el que vivir dignamente.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Stop-desahucios, los movimientos sociales y el apoyo de gran parte de la ciudadanía comenzaron el camino de poner los puntos sobre las íes: vamos a luchar con uñas y dientes porque los derechos humanos más básicos, como el de la vivienda digna, sean respetados. Nos han acorralado, y es momento de revolverse y recordárselo a la cara. A muchos ya nos dan igual las consecuencias de unas leyes escritas por los de arriba para mantener el statu quo.

Y es por ello que considero el ‘escrache’ como un instrumento más de la lucha contra la injusticia. Queremos que nos escuchen y que sepan la situación crítica en que muchos vivimos, con la pérdida de nuestros empleos, de nuestras viviendas, de los derechos sociales para nuestros hijos, es insostenible y debe solucionarse… Queremos que reflexionen y descubran la realidad de quienes no tenemos coches oficiales y están hundiéndonos en el fango de las cunetas hacia las que no quieren mirar, aunque nos han empujado ellos.

Paradójicamente, han intentado criminalizarnos. Ya lo hicieron cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acudía a parar desahucios de familias arrojadas a la calle. Nos llamaron delincuentes por ir contra la legislación vigente (¡su criminal legislación!). Pero no lo consiguieron, y la ciudadanía empezó a ver que quizás era más importante mantener familias bajo techo antes que entregar cientos de miles de viviendas vacías a los bancos, para acumularlas y de nuevo sacarlas al mercado de la especulación.

Tampoco están consiguiendo ahora criminalizar los ‘escraches’, y la ciudadanía da muestras de apoyo masivo a este instrumento de cambio social. El cambio en la opinión pública lo he podido ir comprobando desde que empezamos a acudir a tratar de detener desahucios. La propia policía, los jueces encargados de llevar a cabo los desahucios han terminado comprendiendo, en muchos casos, que no somos criminales quienes acudimos a parar desahucios y a tratar de convencer a algunos políticos de su desapego de las necesidades de la ciudadanía. La ciudadanía está comprendiendo que el crimen llega desde los despachos de empresarios, banqueros y la casta política del Régimen.

“Sí se puede, pero no quieren”. Un eslogan que no necesita más explicación. Las leyes son las que la sociedad decide ponerse. Si no hacen nada por cambiar estas leyes criminales es porque se niegan a hacerlo, porque aceptan las presiones de quienes se están lucrando con nuestro dolor y nuestras vidas.

Porque hay alternativas, y la Consejería de Vivienda de Andalucía (en manos de Izquierda Unida) lo está demostrando: este viernes entrará en vigor el decreto ley de función social de la vivienda, donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas que serán desahuciadas de manera inminente “en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas”. Es sólo un paso, pero demuestra que se puede legislar contra los tiburones y en favor de la gente. Sólo hace falta voluntad y apoyo a un proyecto político que defienda los intereses de la mayoría social; nuestros intereses.

* César Muñoz es Coordinador de IU Retiro y Miembro del Consejo Político Regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid.