F. Mollá.- Cuando se va a cumplir un año de la tragedia del Madrid Arena, donde murieron cinco jóvenes mientras celebraban la noche de Halloween, el Gobierno regional ha anunciado este viernes 11 de octubre que prohibirá la celebración de “actividades de baile y discoteca” en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.
Así consta en los pliegos de condiciones del contrato de gestión y explotación del multiusos del barrio de Salamanca, que podrá llevar el nombre de un patrocinador.
Se prohiben actividades de baile y discoteca y “aquellos actos, eventos o actividades que resulten nocivas o peligrosas” o que, a juicio del Instituto Madrileño del Deporte “sean incompatibles con el carácter público del Palacio o puedan poner en riesgo la integridad o imagen de la instalación”.
Seguridad garantizada
También hace referencia a la seguridad, que corresponderá al adjudicatario durante el plazo de vigencia del contrato. Así, deberá subcontratar estas actividades de seguridad “con empresas dotadas de la oportuna autorización administrativa y con objeto social exclusivo en estas materias, de acuerdo con la Ley de Seguridad privada”.
Y el adjudicatario requerirá “contractualmente al promotor de cada evento una declaración responsable de la ocupación total del Palacio de los Deportes” en la que se informe de todas las localidades que se ponen a la venta y el aforo vendido así como todas las acreditaciones e invitaciones “con una antelación máxima de 24 horas antes de la hora de apertura de puertas”.
El nuevo contrato protege el carácter deportivo de la instalación y garantiza la continuidad de los partidos de la liga ACB de baloncesto para los equipos del Real Madrid y Estudiantes o la celebración del Mundial de Baloncesto 2014.
Nuevas adjudicaciones
Además, se amplía la duración del contrato de siete años (más tres prórrogas de un año) a 10 (más una prórroga de tres años más otras de dos años) a partir del 1 de enero de 2014.
Sobre la oferta económica, el nuevo contrato establecerá una parte fija mínima anual de 700.000 euros (500.000 euros más un variable mínimo del 5 por ciento de la cifra de negocio anual del adjudicatario, que nunca podrá ser inferior a 200.000 euros anuales). La mejora de estos precios mínimos por parte de las empresas supondrán un 50% del baremo de adjudicación.
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