C. Linares.- El empresario detenido este jueves 27 de febrero de 2014 en relación con el presunto fraude de los fondos públicos para cursos de formación continua que nunca llegaron a impartirse, José Luis Aneri, declarará este sábado 1 de marzo de 2014 ante el juez de guardia.
Aneri fue trasladado el jueves a dependencias policiales en los juzgados de Plaza de Castilla y el viernes ha prestado declaración ante la policía judicial, según las fuentes consultadas.
Este empresario es el administrador único de la empresa Sinergia Empresarial, que fue contratada por varias organizaciones empresariales madrileñas para impartir los cursos de formación continua.
El fraude a las arcas de la Comunidad de Madrid superaría los 4,4 millones de euros, según el diario El País.
Un despido y una dimisión
Según informa este periódico, el subdirector general de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez, ha sido destituido de su cargo, aduciendo pérdida de confianza en el cargo. Al parecer, habría informado de los hechos a su superior al conocer los hechos y habría colaborado con la Policía, aportando documentación, Su superior le comunicó el cese vía email.
Así las cosas, la Consejería de Empleo, que dirige Ana Isabel Mariño (PP), ya conocería la información aportada por Velázquez pero no denunció ante la policía ni ante la fiscalía la supuesta estafa ni informó públicamente del posible extravío millonario.
La segunda persona en perder su cargo ha sido el presidente la Confederación de Empresarios del Comercio Minorista de Madrid (CECOMA), Alfonso Tezanos, quien ha dimitido tras ver su nombre en la prensa.
La Comunidad suspende los cursos
La Comunidad de Madrid ha afirmado que se personará en la causa. En un comunicado, el gobierno regional afirma que “siempre ha tenido el máximo interés en controlar al máximo del dinero que se destina a formación” y ha apuntado que el Ejecutivo autonómico controla el 100% de los cursos de formación, pese a que la normativa estatal sólo requiera el 5%.
“Fruto de ese control, de ese celo que tiene la Comunidad, hemos solicitado el reintegro de la no realización de los cursos de formación por una cuantía superior a ocho millones de euros”.
La liquidación de esos cursos corresponde a la Fundación Tripartita (formada por el Gobierno, los sindicatos y los empresarios) y “tiene la competencia principal en esta materia”.
Hasta que se aclaren los hechos, se suspenderá la financiación de estos cursos.
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