El Comité de Huelga y la empresa pública Tragsa han firmado un acuerdo que desconvoca los paros iniciados en julio de 2025. El pacto garantiza la prestación del servicio de prevención y extinción durante todo el año, además de mejoras laborales y sanitarias.
Tras 18 meses de intensas movilizaciones y paros iniciados en el verano de 2025, el Comité de Huelga de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y la empresa pública Tragsa han sellado finalmente un acuerdo que pone punto final a la huelga indefinida del sector.
La rúbrica de este documento atiende a las principales demandas históricas de la plantilla, logrando, en palabras de los propios representantes de los trabajadores, un avance fundamental en la “dignificación” de unas condiciones que no se correspondían con la responsabilidad y el riesgo de su labor en el medio natural.
Claves del acuerdo firmado:
- Incremento salarial: Se incorporan dos nuevos complementos retributivos (de “singularidad” y de “contingencias en el medio natural y rural”) que se traducen en una subida salarial directa del 20 %.
- Estabilidad laboral: Se certifica el fin de la temporalidad, garantizando que el dispositivo funcionará como un servicio estable durante los doce meses del año, cubriendo tanto las labores de extinción en época de alto riesgo como los trabajos preventivos en invierno.
- Salud y conciliación: El pacto incluye importantes avances en la protección de la salud de los brigadistas frente a la exposición a agentes cancerígenos, así como nuevas medidas de conciliación familiar.
- Nuevo marco normativo: Existe el compromiso de aplicar de forma efectiva la Ley básica de bomberos forestales, marcando el camino para negociar un nuevo convenio colectivo adaptado a la realidad del sector.
Una “victoria colectiva” con retos aún pendientes
Desde el Comité de Huelga han calificado este acuerdo como una “victoria colectiva” que ha sido posible gracias a una plantilla “organizada, unida y convencida de la justicia de sus reivindicaciones”.
No obstante, los representantes sindicales han querido recordar que todavía quedan cuestiones por resolver en futuras negociaciones. Entre las principales asignaturas pendientes, destacan la consecución de complementos específicos por peligrosidad, penosidad y toxicidad, y, muy especialmente, la reclamación para que la Comunidad de Madrid asuma la gestión directa del dispositivo en un “plazo razonable”. Consideran que esta gestión pública permitiría optimizar la planificación, la coordinación y el aprovechamiento general de los recursos de extinción en la región.