Huelga indefinida en la lavandería central hospitalaria de la Comunidad

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C. Linares.- Los trabajadores de la lavandería central hospitalaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que se encerraron 11 días contra la rebaja del 46% del sueldo, están llamados a secundar desde este viernes 6 de diciembre una huelga indefinida en protesta por la entrada en vigor de la gestión privada del recinto y por la rebaja de sus condiciones laborales.

Para la huelga, Sanidad ha fijado unos servicios mínimos del 50% de la plantilla habitual con el argumento de que supone un riesgo para la salud pública. CC OO los considera “abusivos”.

Los paros están convocados por este sindicato, con la adhesión de la Asociación de Profesionales de la Lavandería y el sindicato CGT, tras la negativa de Fundosa Lavanderías Industriales (Flisa) y de Lavandería Industrial Laundry, ambas del grupo empresarial de la Fundación ONCE y adjudicatarias del servicio a partir del 1 de diciembre, de mantener las condiciones laborales de los trabajadores de la Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada del Campo.

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La Comunidad aprobó el pasado 3 de octubre la concesión del servicio, que afecta a 19 hospitales, por un importe de 45,9 millones de euros. En un comunicado, el sindicato critica que la empresa adjudicataria haya decidido aplicarles el convenio de lavanderías industriales, lo que supone un “recorte” salarial del 46% de la retribución que percibían los empleados cuando estaban ligados laboralmente a la Comunidad de Madrid.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO de Madrid, Rosa Cuadrado, considera “que es inadmisible que un cambio en la titularidad de la gestión en un centro de trabajo” suponga esa caída retributiva. Como ejemplo, un celador pasa a cobrar 600 euros mensuales frente a los 1.100 que cobraba, un mecánico de mantenimiento o de un conductor de camión, que percibían 1.400 euros, se quedan en 680.

Cuadrado ha criticado a la Consejería de Sanidad por emprender procesos de externalización mediante concursos públicos, eludiendo su responsabilidad “al no obligar a las empresas adjudicatarias a mantener las condiciones laborales de los trabajadores afectados por estos procesos”. Sanidad justifica la medida en que supondrá un ahorro de 36 millones de euros.

Los trabajadores trataron de plantar cara antes de que el servicio pasara a la adjudicataria, pero les fue imposible. Pidieron la convocatoria de huelga con carácter de urgencia para el día 28 de noviembre, pero les fue denegada por la administración que los considera un servicio esencial, por lo que debían haberla cursado con al menos 10 días de antelación y no cinco, como planteaban.

A la entrada de la concesión, el 64% de los empleados, 117 de un total de 190, firmó el contrato laboral con Flisa, mientras que 123 trabajadores fijos estatutarios se han acogido al proceso de reordenación emprendido por Sanidad y se les ha aplicado un nuevo destino.

El pasado miércoles, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró que la situación en la lavandería central es de “total y absoluta normalidad” una vez que la adjudicataria ha asumido la gestión de la instalación. También deseó que los trabajadores críticos con el proceso de privatización de la gestión desistan de su intención de hacer huelga porque entiende que “no contribuye a nada positivo”.

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