Delito societario y de apropiación en la cúpula de Caja Madrid

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P. Rodríguez.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigar a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid que utilizaron tarjetas de crédito ‘opacas’, emitidas al margen del circuito general y cuyos cargos se gestionaban de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad para sus gastos privados, hasta gastar un total de 15,2 millones de euros, lo que se trataría de un delito societario y de apropiación indebida.

Políticos de PP, PSOE, IU y sindicalistas implicados

Entre los directivos de la caja de ahorros que disfrutaron de este privilegio, se encontraban consejeros nombrados por PP, PSOE, IU y los sindicatos.

Entre sus beneficiarios, estaban el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el ex secretario del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, el exsecretario de organización del PSM Antonio Romero, el dirigente de IU José Antonio Moral Santín o el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, quien movió 436.700 euros.

La tarjeta de Sánchez Barcoj facturó cerca de 90.900 euros; la de Rodrigo de Rato, unos 54.800 euros; la de Matías Amat, 42.000 euros; y la de José Manuel Fernández Norniella, 9.700 euros; mientras que la tarjeta de Francisco Servando Verdú no registró ningún movimiento.

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El departamento de Auditoría Interna de Bankia detectó que varias tarjetas de crédito proporcionadas inicialmente por Caja Madrid y después por el grupo bancario a sus directivos y consejeros habrían sido utilizadas en algunos casos para fines no vinculados con su actividad profesional.

Tres consejeros ejecutivos y dos directores generales del grupo BFA/Bankia obtuvieron este privilegio, gestionado por el miembro del Comité de Dirección Ildefonso Sánchez Barcoj, aunque uno de estos consejeros no realizó ningún movimiento ni firmó el contrato de obtención.

No consta que los poseedores de estas tarjetas hayan declarado las sumas como percibidas en sus declaraciones correspondientes, por lo cual el FROB ha puesto a disposición estos datos de la Fiscalía Anticorrupción y ahora será estudiada por el juez Andreu en el marco de la investigación sobre la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

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