F. Mollá.- La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pagó en enero de 2011 un total de 21.240 euros a una empresa vinculada al presunto ‘conseguidor’ de la red corrupta ‘Púnica’ Alejandro de Pedro por un informe de apenas 33 páginas (643 euros el folio) y con faltas de ortografía sobre la presencia de su departamento en Internet, según ha trascendido esta tercera semana de octubre de 2016.
Titulado ‘Informe situación actual en la red’, el informa que figura en el sumario del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velas, comienza con la siguiente afirmación: “Un Consejeria (sic) que se decide a transformarse para ser abierta (o-Gov) es aquella que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan”. “Una Consejeria (sic) de doble dirección”, que “escucha primero y habla después”. “Incluso diríamos más, es un Organismo (sic) que escucha más que habla”.
El informe termina con tres conclusiones resumidas, cada una de ellas, en un párrafo. En el primero se incide en que “la Consejería de Educación tiene presencia en la red Internet (*) prevaleciendo, generalmente, percepciones negativas sobre su actividad”. En el segundo se apunta que “no hay términos registrados en las redes sociales y esto no ayudan (sic) a trabajar y mejorar el posicionamiento de la Consejería” y en el tercero se añade que “la experiencia apunta que la gestión de la entidad digital conlleva un trabajo sostenido en el tiempo, suficiente para consolidar los atributos deseados y consecuentemente fortalecer la reputación digital”.