Seis alcaldes madrileños detenidos en la trama de corrupción

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P. Rodríguez.- Además del ex número dos de Aguirre, Francisco Granados, este lunes 27 de octubre de 2014 han sido detenidos los alcaldes de los municipios madrileños de Collado Villalba (Agustín Juárez López, del PP), Casarrubuelos (David Rodríguez Sanz, del PP), Serranillaos del Valle (Antonio Sánchez Fernández, del partido creado en esta localidad en 2010 Unión Democrática Madrileña -UDMA-), Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas Navarro, del PP), Parla (José María Fraile, del PSOE) y Valdemoro (José Carlos Boza Lechuga, del PP).

José Carlos Boza, del PP, tomó posesión como alcalde Valdemoro en junio de 2011, en las últimas elecciones municipales. Relevó a José Miguel Moreno, quien anunció que no se presentaba a la reelección. En su lugar, concurrió como candidato Boza Lechuga quien en ese año, 2011, era primer teniente de alcalde de Ciempozuelos.

Mientras, José María Fraile, del PSOE, accedió al Ayuntamiento de Parla en 2008 en sustitución del actual secretario del PSM, Tomás Gómez, quien le consideraba su mano derecha. Fraile, actualmente procesado por un caso de prevaricación por supuestamente despedir de manera irregular al jefe de la Policía Local en 2009.

Hace un mes anunció que no se presentaría como candidato a las elecciones municipales de 2015 en una decisión “personal” que, sin embargo, desvinculó de ese caso judicial.

Trama de corrupción municipal y regional

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Este caso de adjudicaciones públicas otorgadas a cambio de comisiones ilegales, es una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en estos seis ayuntamientos madrileños y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en otros gobiernos municipales y regionales de España. A estos siete detenidos en Madrid (los seis alcaldes y Granados) hay que sumar otros 41 cargos en Valencia, León y Murcia.

51 detenidos por 250 millones

La connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les aseguraban a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas.

Suiza alertó de posible blanqueo en enero

La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de 2014, un mes antes de la dimisión de Granados, con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas “por sospechas graves de blanqueo”, que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, “quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año”.

En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.

La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto “la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos”.

Además de los 51 detenidos en las citadas provincias, se han practicado 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones deanotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar oenajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

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