Tres días de huelga, cinco manifestaciones y más de 1.500 despidos: ¿a quién le toca mover ficha?

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Lola Morales*.- El curso en Secundaria y Bachillerato empezó técnicamente el pasado día 14 pero la realidad es que la normalidad en las aulas brilla por su ausencia. Las instrucciones que la Consejería de Educación impuso en julio dictaban que los profesores de Madrid tendrían un mínimo de 20 horas lectivas, en lugar de las 18 horas (o hasta 21 de forma excepcional por necesidades especiales del centro) que se tienen en el resto de comunidades. De lo que no hablaba era de las consecuencias de ese aumento horario, ni de otra serie de cosas que estaban cociendo a la vez los altos mandos educativos.

La mayoría de los profesores en Madrid ya daban el curso pasado 19 horas lectivas, aunque algunos impartían 18 y otros 20. A eso había que unir el resto de horas, hasta las 37’5 semanales de su jornada laboral. Hay 27 periodos de permanencia en el centro (las lectivas más las llamadas complementarias: guardias, vigilancia de recreos, reuniones con padres, reuniones con el equipo de orientación, reuniones de departamento, organización de actividades extraescolares…) y otras 10’5 horas de trabajo fuera de él (preparando clases y material nuevo, haciendo y corrigiendo exámenes, trabajando en las Aulas Virtuales o webs de clase…).

Por ley, si las horas lectivas son más de 18, esas horas se tienen que compensar con horas complementarias. Como tener más de 18 horas es algo excepcional, esa reducción de complementarias en algún profesor del centro no se nota, pero sí provoca un caos cuando todos, obligatoriamente, tienen que dar un mínimo de 20 horas lectivas. Por un lado, muchas guardias tienen que ser sacrificadas, con lo que habrá menos profesores vigilando las aulas en las que falte un compañero. Por otro, las reuniones con los padres o las actividades extraescolares se harán, si se hacen, de forma puramente voluntaria, como si pedimos a una cajera que nos deje pasar cuando ya se ha cerrado el supermercado.

Pero los recortes no se han quedado ahí, ni muchísimo menos. El cupo es el número de profesores con los que cuenta un centro para todo el curso. Este año, al hacer el cupo, éste se ha redondeado drásticamente a la baja, faltando “medios profesores” por doquier y haciendo imposible que salieran, sobre todo, los desdobles. Un desdoble es un grupo con menor número de alumnos que sale de dos grupos más masificados. La Unión Europea desde hace tiempo da fondos para que salgan desdobles en Lengua y Matemáticas para 1º y 2º de ESO, pero durante este curso muchísimos centros se han quedado, como mucho, con la mitad de los desdobles que tenían el curso anterior. Algo parecido ocurre en Bachillerato con los laboratorios de Física y Química o Biología: una hora a la semana se solían hacer desdobles para que pudiera entrar a los laboratorios un grupo más reducido de alumnos (hay que tener en cuenta que los grupos de Bachillerato tienen normalmente más de 30 alumnos). Este año no había de dónde sacar horas para poder hacer esos desdobles.

El recorte de plantilla, obviamente, ha sido drástico en el cuerpo de interinos. A principios de septiembre, cuando se reparten los niveles y horarios de cada profesor, aún quedaban 1.400 profesores funcionarios con su oposición aprobada (es decir, no interinos) sin centro asignado. Eso no había ocurrido nunca. Estos profesores no sabían ni dónde darían clase ni de qué. Ante la falta de tantas medias jornadas en los centros, dichos profesores han realizado la “desagradable tarea” que llevaban a cabo los interinos: rellenar huecos. A muchísimos de ellos se les han dado medias jornadas en centros diferentes, con el consecuente caos organizativo para ellos y para los centros. Y si uno de biología tenía que dar matemáticas en un centro y física en otro, pues se daban. Los inspectores han vigilado que no diera clase nadie de nada para lo que no estuviera capacitado, pero las plazas que se ofrecían eran las que eran. Muchos iban llegando la semana pasada a sus centros, les decían el perfil de plaza y tenían que volver a pedir centro sin saber si le tocaría dar clase en la otra punta de Comunidad. Otros están cubriendo sustituciones o bajas, sabiendo que en un par de meses tendrán que cambiar de centro. Y por último están los interinos a los que están llamando en algunas especialidades para cubrir bajas de algunas semanas pero no teniendo trabajo continuado casi ninguno de ellos.

Las cifras oficiales estiman que entre 1.500 y 2.000 interinos engrosarán las listas del paro este año. La Comunidad cree que así se ahorrarán unos 80 millones de euros y, claro, muchos dirán que en época de crisis hay que apretarse el cinturón. Y es cierto, pero el argumento se cae cuando descubrimos que este año cambia el sistema de desgravación en gastos relacionados con la Educación. En el curso pasado, la desgravación máxima era de 500 euros y con un límite de ingresos de 10.000 euros por unidad familiar, es decir, sólo se podían desgravar los gastos en matrícula, libros o uniforme aquellas familias con menos ingresos. Sin embargo, tras una fructífera reunión de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada con los responsables de Educación de la Comunidad de Madrid (1), se consigue que se puedan desgravar hasta 900 euros las familias con un límite de ingresos de 30.000 euros por unidad familiar. Es decir, casi todos los que llevan a sus hijos a centros privados podrán desgravarse el uniforme y los gastos mensuales. Con este cambio en las desgravaciones, la Comunidad de Madrid va a dejar de ingresar casualmente unos 80 millones de euros. El argumento del “ahorro en tiempos de crisis” se cae al instante. El traspaso de dinero es claro y el ansiado ahorro con los recortes, inútil. Son continuas las subvenciones y los nuevos conciertos para centros privados, mayoritariamente religiosos. La apuesta por la enseñanza privada y concertada, que ya ha dejado clara la Consejera de Educación, Lucía Figar, en varias ocasiones, condena a la educación pública a ser un gueto para gente sin recursos, una guardería formada por miles de profesores para mantener en algún sitio a los hijos de familias con bajo nivel adquisitivo.

Este panorama de futuro sólo puede provocar frustración en un colectivo que ya había aceptado una bajada sustanciosa de sueldo pero que año tras año ve empeorar la situación de la enseñanza pública. Ante este panorama, el profesorado consideró que la huelga estaba más que justificada y, como así ha ocurrido, la han secundado un 70% de los profesores, algo que no ocurría desde los años 80. Desde la Conserjería se acusa a los que han hecho huelga de irresponsabilidad por privar a los alumnos de su derecho a recibir una educación, pero siguen sin cerrar las plantillas y enviar los profesores necesarios (a día de hoy, sigue habiendo muchos funcionarios sin asignar y, consecuentemente, alumnos que llevan casi semana y media sin profesor). Con el caos producido, la mayoría de las bajas tampoco se cubre y en muchísimos centros todavía se van a tener que rehacer grupos y horarios.

Sin embargo, desde la Conserjería siempre pueden sacar a su hijo mimado de este curso, el Bachillerato de Excelencia, donde alumnos con más de un 8 en 4º de ESO disfrutarán de un profesorado que apenas ha secundado la huelga, algo que no es de extrañar: estos profesores sólo darán 12 horas lectivas en lugar de 20 y cobrarán 300 euros más. Será que consideran que es más difícil dar clase a alumnos brillantes que dársela a grupos en los que hay alumnos de todo tipo.

¿Dará marcha atrás la Comunidad? Han dejado claro que no, pero también está claro que las movilizaciones están sirviendo de algo. Volvieron las tutorías que quitaron a mediados de julio, están cediendo en el caso de algunos desdobles y saben que la opinión pública ve más allá del discurso que están intentando vender: “vacaciones, sólo son dos horas más, tenemos cinco millones de parados”. Las vacaciones las tienen todos los profesores, estén en la pública o la privada. Está clarísimo que las movilizaciones no son por las dos horas sino por todo lo que han acarreado consigo y los cinco millones de parados no han hecho más que engrosarse con 2.000 más. Las altas aspiraciones políticas de la Consejera de Educación se pueden ver minadas por estas movilizaciones, pero nadie sabe hasta qué punto dará su brazo a torcer. Lo que es claro es que no van a admitir la realidad: esto es simplemente un ataque a la educación pública. Se puede argumentar que si un gobierno liberal ha sido votado por la mayoría, se debe aceptar que dicha política liberal de mínimo control se lleve a cabo. Pero la educación debería estar al margen de cualquier argumento político en un país en el que más del 60% de los parados entre 16 y 30 años no tiene el Graduado Escolar. Tras el boom del ladrillo y la facilidad para muchos jóvenes de encontrar trabajo de baja cualificación pero altamente remunerado, con la crisis la sociedad se da cuenta de que la formación académica y la especialización tanto en Bachillerato como en Ciclos Formativos es más que necesaria. La educación debería regirse por un pacto de Estado que deje de lado las ideologías y se centre en trabajar por buscar el mejor modo de formar a una generación de jóvenes que, literalmente, decidirá el futuro del país.

*Lola Morales es profesora en un instituto público de Secundaria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid.

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