F. Mollá.- La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha presentado alegaciones al anteproyecto del informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la enajenación de 18 promociones (1.860 viviendas) y lo ha hecho, entre otras razones, por el “simulacro de subastilla” al fondo buitre Fidere, enmascarada por la auditora PWC para vender “sí o sí”.
En las alegaciones firmadas tanto por la consejera delegada de la EMVS, María Serrano, como por la presidenta de la empresa, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, se argumenta que la enajenación debería haberse realizado según las disposiciones en materia de contratación pública de la Ley del Suelo, algo que no sólo no se hizo sino que además se incumplieron las normas internas aprobadas por el Ayuntamiento con el reglamento de adjudicación de viviendas, aprobado en el Pleno de 30 de octubre de 2012.
La consejera delegada argumenta en el documento que el incumplimiento “se enmascaró” en un plan de viabilidad “recomendado de manera exclusiva por una empresa auditora, PWC, que incluso llegó a señalar la banda de precio en la que tendría que moverse la enajenación”.
“Se trataba de proceder a dicha venta sí o sí pues nadie se opondría a un plan de viabilidad que se presentaba como fundamental y esencial para la continuidad de la EMVS”, señala María Serrano, que añade que el informe de PWC se entregó el 2 de abril de 2013, cinco meses después de que se iniciase por el órgano de administración de la EMVS la comercialización de las promociones”, algo que resulta “revelador”. La primera teniente de alcalde ha destacado en las alegaciones presentadas que el plan de viabilidad “fue ratificado por la Junta Universal, ratificación que el anterior del Gobierno aprobó “sin realizar el análisis adecuado”.
“Todo parece indicar que se trataba de culminar un proceso de venta, privatización dirían otros, se trataba de proceder a la venta sin dificultades, sin exigir los requisitos que el Ayuntamiento había establecido y para ello no había mejor manera que incluir las enajenaciones como una de las medidas dentro del plan de viabilidad pues nadie se opondría a un plan que se presentaba como fundamental para la continuidad de la EMVS”, ha expuesto la edil.
El informe de la auditora, como recogen las alegaciones, valora la cartera en una banda de precio que oscilaba entre los 117.000 y los 135.000 euros, además de considerar adecuado el momento de la venta dado que había inversores extranjeros interesados.
La consejera delegada de la EMVS no duda en tildar la actuación del auditor de “intromisiva y desmesurada e incluso podría ser interesada ya que parece avalar la bondad de una decisión ya tomada hacía tiempo”. “¿Pudo ser un informe a la carta emitido para revestir con visos de seriedad una decisión arbitraria?”, se pregunta María Serrano.
Marta Higueras va más allá añadiendo que la actuación de la auditora “parece intromisiva y desmesurada e incluso éticamente reprochable de haber asesorado también a la parte compradora”. “¿Qué clase de auditoría fue la que se hizo? Posiblemente daría lugar a la exigencia de responsabilidades”, ha lanzado. Además se habría producido “una clara negligencia” en el informe de la auditoria PWC al no contemplar las normas administrativas por las que se debería haber regido la operación ni a la hora de señalar la horquilla de precios.
La ratificación por parte del anterior equipo de Gobierno “respondió más bien a la intención de crear una apariencia formal de legalidad que a un verdadero control por parte de la Junta de Gobierno”, por lo que “parece irresponsable y podría dar lugar a exigencias de responsabilidad”. A eso une que las ventas se formalizaron “por un precio que supone una pérdida para la EMVS de más del 40 por ciento del precio en que se tendría que haber realizado”, lo que parece “irresponsable y podría dar lugar a exigencias de responsabilidad”.
Otra de las alegaciones pasa por el hecho de que la enajenación de las viviendas a fondos de inversión “poco o nada” se enmarcan en la función social de cumplimiento del derecho constitucional de acceso a una vivienda digna.
Aunque no forme parte de estas alegaciones, desde la EMVS consideran que la venta, desde un estricto punto de visto del derecho privado, la venta a Fidere “no se ajusta a la legalidad exigible pues se realiza con evidente extralimitación de las facultades del consejo de administración”, que no contemplan la venta libre de viviendas “como si de una inmobiliaria se tratase”. Esto podría derivar en acciones de responsabilidad.
En relación al precio, las alegaciones destacan que “no fue señalado ni fijado por la parte vendedora” sino que se deduce que “fue señalado unilateralmente por la parte compradora dentro de ese especial simulacro de subastilla que rodeó todo el proceso”. Además el precio no fue referenciado a los precios de protección pública de ese momento, “lo que hubiera supuesto una referencia fiable y objetiva”, además de no hacerse ninguna tasación. Ha sido en diciembre de 2015 cuando se ha llevado a cabo una tasación por la empresa Thirsa.
La consejera delegada de la EMVS ha apuntado que, por todo lo alegado, “se evidencia una gestión, administración y decisión perjudiciales de los intereses de la EMVS, que ha originado pérdidas en su patrimonio y, por lo tanto, en el del Ayuntamiento. El Consistorio podría proceder a revisar de oficio el procedimiento. También podrían pedir responsabilidades entre quienes tuvieron a su cargo el manejo de fondos públicos.
Marta Higueras ha destacado que podrían exigirse responsabilidades entre quienes tuvieron a su cargo el manejo de fondos públicos, acción que se entablará ante el Tribunal de Cuentas y sin perjuicio de la reserva de posibles acciones, tanto civiles como penales, en espera de la valoración que hagan los servicios jurídicos municipales para emprender las acciones judiciales que se estimen necesarias.