Tragedia habitacional en Retiro: la Policía ejecuta el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años, tras 70 años en su casa de Sainz de Baranda

A pesar de los intentos de mediación institucional, la oferta económica de una conocida escritora y las protestas pacíficas del Sindicato de Inquilinas, la empresa propietaria Urbagestión ha consumado el lanzamiento. La anciana, que se desplaza en silla de ruedas y percibe una pensión de 1.300 euros, no podrá volver a pisar el hogar donde ha pasado toda su vida.

Maricarmen, no estás sola.

Somos 200 personas en la puerta de tu casa para impedir el desahucio. Cientos más se están sumando junto al cordón policial.

Por ti y por todas. Hay que echar a los buitres.

Nos quedamos en nuestras casas. pic.twitter.com/oFkYU70UrW

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 23, 2026

El distrito de Retiro ha vivido este miércoles una jornada de profunda conmoción e indignación vecinal. Tras cuatro intentos fallidos, la Policía Nacional ha accedido este mediodía al número de la calle del Alcalde Sainz de Baranda para ejecutar el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que se ha visto obligada a abandonar por la fuerza el piso en el que ha residido, criado y pasado los últimos 70 años de su vida.

Desde primera hora de la mañana, la calle permanecía cortada y rodeada de una fuerte expectación policial. Numerosos vecinos del barrio, activistas y allegados se habían concentrado en las inmediaciones y sentado de forma pacífica en el portal para intentar frenar la comitiva judicial. Sin embargo, los agentes antidisturbios han acabado retirando a los concentrados para irrumpir en el inmueble.

Expulsan a las vecinas que estaba en el Bulevar y a prensa.

NO quieren testigos. pic.twitter.com/X6PJLvXBKM

— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 23, 2026

Una subida de rentas imposible de asumir

El drama de Maricarmen refleja la extrema presión inmobiliaria que sufre la capital. Con una pensión de unos 1.300 euros mensuales, la propietaria del inmueble —la empresa Urbagestión— le reclamaba inicialmente un alquiler de 2.650 euros y, posteriormente, una rebaja hasta los 1.650 euros; una cifra económica totalmente inasumible para la capacidad de la anciana, que además tiene dificultades de movilidad y debe desplazarse en silla de ruedas.

Durante los días previos, se sucedieron múltiples intentos desesperados para paralizar el lanzamiento. Tanto el Ministerio de Vivienda como el Sindicato de Inquilinas intentaron mediar con la propiedad. Incluso una conocida escritora ofreció sufragar personalmente la diferencia económica del alquiler de manera indefinida para garantizar que la mujer pudiera permanecer en su domicilio. Sin embargo, la empresa rechazó de forma tajante todas las ofertas de ayuda y mediación.

Un desalojo marcado por la impotencia

En el interior de la vivienda, rodeada de familiares, amigos y activistas como Sabina —portavoz del Sindicato de Inquilinas—, Maricarmen preparaba entre lágrimas una bolsa con sus pertenencias mientras esperaba la llegada inevitable de la comitiva judicial.

Minutos después de producirse el acceso policial, la anciana contemplaba con absoluta impotencia a los agentes antes de tener que abandonar el edificio para siempre. Tras el desalojo, debido a su delicado estado de salud y su movilidad reducida, la mujer tuvo que ser recogida y atendida por una ambulancia, sin un destino residencial claro de futuro tras perder el único hogar que ha conocido.