Lo han intentado evitar hasta el último minuto, pero finalmente el desalojo se ha llevado a cabo. Dulce y sus cinco hijos —tres de ellos menores de edad y uno con síndrome de Down— han sido desahuciados este miércoles de la vivienda que ocupaban desde hace cinco años en el distrito madrileño de Moratalaz, un inmueble propiedad de la Comunidad de Madrid.
El drama de esta familia había trascendido nuestras fronteras movilizando incluso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hace apenas unos días, el organismo remitió un escrito a las administraciones competentes solicitando la suspensión temporal del desalojo para evitar “daños irreparables” a los menores implicados, a la espera de que se les ofreciera una solución habitacional adecuada a sus necesidades.
“Por favor, que me ayuden, que mi hijo no puede estar así”, suplicaba Dulce visiblemente afectada durante el desalojo. Por su parte, la familia y su entorno legal aseguran haber buscado soluciones durante este tiempo. “Nosotros estamos dispuestos a pagar lo que sea”, afirmaba Herminio Manzano, hijo de Dulce, mientras que desde la Asociación Coordinadora de Barrios, su abogada Patricia Fernández, recalcaba que la única petición era “una vivienda alternativa que sea del gusto de la familia”.
El caso ha provocado una fuerte reacción institucional. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acudió presencialmente al lugar del desahucio para mostrar su apoyo a los afectados —respaldados en todo momento por el vecindario del barrio— y para exigir tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento de Madrid una alternativa “digna” para la familia.
La respuesta desde el consistorio madrileño no se ha hecho esperar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha replicado a la ministra asegurando que la administración ya había propuesto una salida: “No es que lo estemos pensando, ya les hemos ofrecido una alternativa habitacional”, señaló el regidor, añadiendo en tono crítico que “esto de que el Gobierno grite y no esté en el despacho, no soluciona el problema”.
Tras verse en la calle, el futuro inmediato de Dulce y sus hijos pasa por la solidaridad familiar. A partir de ahora, y mientras continúan a la espera de encontrar un nuevo hogar adaptado a sus circunstancias, todos ellos se alojarán de forma temporal en casa de la abuela materna.
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