La Comunidad de Madrid derriba 12 edificaciones ilegales en zonas protegidas de Fuente el Saz de Jarama

La lucha contra el urbanismo irregular en áreas de alto valor ecológico de nuestra región se intensifica. La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo recientemente dos importantes intervenciones en el municipio de Fuente el Saz de Jarama, culminando con la demolición de 12 inmuebles construidos ilegalmente sobre terrenos de especial protección ambiental.

Protección de la fauna y prevención de vertidos

Las actuaciones se han desarrollado en dos fases distintas, centradas en recuperar espacios cuyo valor natural estaba siendo gravemente amenazado por estas construcciones:

• 24 de junio: Se procedió al derribo de tres instalaciones situadas en una parcela catalogada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como Suelo No Urbanizable de Protección Fáunica. Estas construcciones irregulares afectaban además a la Vereda de San Agudín, una vía pecuaria que goza de protección específica.
• 9 de julio: La segunda intervención supuso la demolición de nueve edificaciones levantadas sobre Suelo No Urbanizable de Protección Edafológica y Paisajística. Se trata de un entorno agrícola con una alta calidad visual y una gran sensibilidad freática, lo que significa que cualquier tipo de vertido irregular suponía un riesgo inminente de contaminación para las aguas subterráneas de la zona.

1.900 construcciones irregulares en el punto de mira

Estas intervenciones en Fuente el Saz de Jarama no son casos aislados, sino que forman parte de una estrategia mucho más amplia. Hasta la fecha, el Gobierno regional ha detectado cerca de 1.900 construcciones irregulares asentadas sobre suelos protegidos en toda la Comunidad.

A través del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, la administración autonómica ha pisado el acelerador logrando ejecutar 17 demoliciones en menos de un año. De ellas, cinco se han realizado mediante ejecución subsidiaria (por parte de la propia Administración) y las 12 restantes han sido ejecutadas de forma voluntaria por los responsables tras los requerimientos.

El balance de la actividad inspectora regional en los últimos meses refleja el firme propósito de frenar estas infracciones, sumando:

• 179 inspecciones realizadas sobre el terreno.
• 74 expedientes urbanísticos y 69 expedientes sancionadores incoados.
• 85 requerimientos de información tramitados.
• 326 diligencias previas abiertas.
• 18 expedientes de ejecución subsidiaria en curso.