La nueva reforma sólo reduciría la deuda de las administraciones un 4%

J. E. Villarino*.- El pasado miércoles y este viernes 21 de junio, el presidente del gobierno presentó y el consejo aprobó, respectivamente, el proyecto de ley de la Reforma de las Administraciones Públicas, del que puede decirse, que la ‘vicetodo’, como inspiradora de este texto legal, parió un ratón, a pesar del bombo y platillo empleados en promocionar este legajo, del que el presidente y la vicepresidenta parecen encantados de haberse conocido.

O no se enteran, o no quieren enterarse. Más bien, intentan vendernos una burra bastante desdentada, entrada en años y ajada en carnes. Con dos cifras me he quedado: 16.500 y 37.700 millones, que son, respectivamente, el ahorro que estima el Gobierno para las Administraciones Públicas, la primera, y el ahorro para los ciudadanos, la segunda. Como siempre, se les olvida decirnos cuál es la metodología para llegar a estas interesantes cifras, por lo que pueden ser estas cifras o las que determine, en su justo entender, el obispo de Mondoñedo.

Pero vamos a ser condescendientes y nos las vamos a creer, por una vez y sin que sirva de precedente. Aquí abajo hemos pintado para ustedes unos gráficos, cuyos datos han sido extraídos del Boletín Estadístico del Banco de España y que significan tres cosas, muy fáciles de entender.

Todas las barras están a la misma escala y en millones de euros. La primera representa la deuda acumulada de las cuatro administraciones públicas (administración central, autonomías, ayuntamientos y seguridad social) a 31 de diciembre de 2012. Como puede observarse esta deuda acumulada asciende a la friolera de ochocientos ochenta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro millones de euros (883.884.000.000 euros), equivalente casi, o muy próxima, al billón y algo que es nuestro producto interior bruto (PIB), también en 2012.

Como es bien sabido, estas cuatro administraciones públicas se han buscado hace ya tiempo una tapadera, o salida de tapadillo, para seguir gastando y gastando y que dichos gastos quedaran fuera del control del déficit público y no contabilizaran, por tanto, como deuda pública. Pues bien, la deuda acumulada de las empresas públicas, que es a donde se han desviado muchos gastos, asciende a 53.612.000.000 euros, o sea, cincuenta y tres mil seiscientos doce millones de euros más que sumar a la deuda de las administraciones, teniendo en cuenta que esta cifra no es toda la cifra de la deuda de las empresas públicas, ya que ésta es la deuda oficial a la que habría que añadir la que hayan contraído con entidades de crédito privadas o por otras vías.

Por otro lado, la necesidad de financiación de las cuatro principales administraciones del Estado, como consecuencia del descuadre entre los gastos y los ingresos (el déficit, por tanto) y es lo que hay que apoquinar para igualar los ingresos con los gastos, o volver a refinanciar con más deuda. Pues, según los datos del Banco de España, tenemos por delante 111.616.000.000 euros (ciento once mil seiscientos dieciséis millones de euros) por financiar, en cuyo selecto club de deudores ha entrado ya la seguridad social, (desempleo y pensiones) con un agujero de más de 10.000.000.000 euros (diez mil millones de euros).

La tercera barra representa los ahorros que según el Gobiernose producirán en el Estado y los ciudadanos, como consecuencia del Plan de Reforma de las Administraciones, que nos contó el presidente y la vice.

Pues bien, impuestos ya nos los han subido casi todos y algunos, más de una vez, y para recortes de gastos ya nos hemos retratado todos: funcionarios, pensionistas, sanidad, becas, y un largo etcétera. Tocaba ya que alguien metiera mano a la burocracia del Estado, que es el poder y la farfolla de los políticos, el engrudo en el que se sienten cómodos y que necesitan para trincar y hacerse valer. Pero, amigo, con la Iglesia hemos topado, sentencia que le dijo el caballero a su escudero Sancho.

Parecía que la vicepresidenta o ‘vicetodo’, como proba funcionaria y abogada del estado que es, iba en serio, pero poco ha durado la alegría en la casa de este pobre. ¿Qué son 16.500 millones de ahorro, suponiendo que lo sean, frente a 883.848 millones de duda que tenemos que devolver, o 37.700 frente a igual cantidad? Pues el 1,9% y el 4,3%, respectivamente. Porca miseria.

Era de prever: a este presidente, melifluo y pusilánime en política, se le abren las carnes sólo en pensar en coger el bisturí y recortar algo digno de ese nombre en lo que a los aparatos burocráticos del Estado se refiere. Porque una cosa son las administraciones públicas y los funcionarios que en ellas trabajan para servirnos a los ciudadanos y, otra muy distinta, la burocracia y las mamandurrias que han proliferado bastantes años ha, al socaire, sobre todo de esta coña de las autonomías.

Como en esa maraña de administraciones, empresas públicas, ayuntamientos, autonomías, diputaciones, cabildos, mancomunidades, fundaciones, observatorios (lo que siento es que se van a cargar los de las aves) y un largo etcétera, se cobijan las huestes partitocráticas, a Mariano Rajoy se le erizan los pelos, al igual que al opositor Pérez Rubalcaba, sólo que a este los de la coronilla. ¿Dónde van a pastar las mesnadas de los partidos, si dicen que asesores, ni uno; eventuales del dedazo, ni uno; diputados, senadores y diputatines, los 2/3 a la calle; cargos de empresas públicas, por oposición y mérito; funcionarios, todos por oposición; municipios, 8.000 menos; concejales 12.000 menos, y en este plan.

No nos engañemos, ni Rajoy, ni la vice, ni Cospedal, ni Rubalcaba, ni Soraya (la otra), ni Maroto, ni el de la moto, están por la labor de recortar y descargar las administraciones de puestazos, puestos, puestecitos, canonjías o monaguillos de tercera. Sólo quieren montar un numerito para salvar la cara y ya está. Para harakiri ya se lo hicieron una vez los del Movimiento Nacional. Éstos, no son tan gilipollas.

* José Enrique Villarino es economista y consultor, especialista en Transporte, y miembro del Foro del Transporte y el Ferrocarril (FTF).