Una ley de huelga, ya

J. E. Villarino*.- Acabamos de sufrir días de huelgas en el transporte madrileño. Sin duda, la más significativa la de METRO de Madrid, huelgas que inciden negativamente, muy negativamente sobre la vida cotidiana de los usuarios y no usuarios del transporte. En efecto, las huelgas, máxime en los servicios públicos afectan por igual a los usuarios y no usuarios de éstos. Es más, las huelgas en las sociedades actuales han perdido su originaria finalidad, para convertirse en el castigo de quienes no suelen tener ni arte ni parte con la colisión de los intereses en liza.

Antaño, las huelgas se hacían contra los patronos, los dueños de la fábrica, la explotación, el negocio, fuese el que fuese. El castigo era precisamente eso, la “holganza”, no trabajar y con ello castigar al patrón con el lucro cesante de lo que se ha dejado de producir. En eso radicaba la huelga. Claro que finalmente influía en la ciudadanía, pero de una forma lejana, remota. La lucha era casi exclusivamente entre patronos y obreros o empleados.

En las sociedades modernas y en los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos: transporte, sanidad, educación, limpieza de espacios públicos, y un largo etc, los destinatarios reales de las huelgas, no son los patronos, porque no los hay. Los patronos son los poderes públicos, en definitiva los políticos, a los cuales poco les suele importar ya que no influye en su economía ni en su salario, que seguirán cobrando puntualmente al final de mes; salvada sea la lógica preocupación que debemos presumirles, por el bien público y de los ciudadanos a los que dicen servir.

No, en las huelgas de servicios públicos, los “paganos” somos directamente los ciudadanos, y cuantos más afectados y más hondamente afectados, mejor para los convocantes, porque más eco y resonancia alcanza la huelga y las reivindicaciones parejas. Pero, todo tiene su medida, como en el el juego de la siete y media, malo es no llegar y peor es pasarse. El riesgo para los convocantes de una huelga de servicios públicos es que puede volverse contra ellos cuando fuerzan la máquina y los ciudadanos consideran abusivas las incomodidades a que se ven sometidos. Cuando los derechos de unos invaden desmesuradamente los derechos de los demás, la cosa ya no es una huelga, se torna en una acto de secuestro, de rapto, en un abuso.

De este tipo de huelgas son de las que hablan los periódicos, porque afectan a millones y millones de personas, no de la huelga de Hilaturas Pérez del Vallés Occidental. Estas huelgas son las que dejan indefensos a los ciudadanos, son los que pagan sus consecuencias y los que nada pueden hacer para solucionarlas. Sólo soportarlas.

Urge, por tanto, que se arbitre ya una Ley de Huelga, según prescribe la Constitución, que ponga coto a tanto desmán de unos y otros. Llevamos ya un retraso de treinta y muchos años y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Ni políticos del signo A, ni del signo B, ni del signo C, ni de ninguno; ni, mucho menos, sindicatos A, sindicatos B, o C; y unos por otros, la casa por barrer. Mientras tanto, tiramos millones y millones a la basura y privamos a la ciudadanía de su derecho a no tener que soportar las guerras de otros, que muchas veces obedecen, encima, a intereses espurios, a salvaguardar privilegios de castas. El parlamento tiene un responsabilidad irrenunciable de sacar ya, y pronto, una ley de huelga, sin esperar a que, como en casi todas las ocasiones, los hechos desborden los derechos de los ciudadanos.

PD/ Este columnista desea un buen año 2013 a todos los que hacen, escriben y leen ZONARETIRO.

*José Enrique Villarino es economista y consultor, especialista en Transporte, y miembro del Foro del Transporte y el Ferrocarril (FTF).