J. E. Villarino*.- Ayer nos desayunábamos con la inspección de la Guardia Civil a las oficinas de Madrid y Barcelona de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y a la empresa Isolux-Corsan, así como la detención de nueve personas por presunta malversación de fondos públicos y otros posibles delitos por determinar, en la construcción de la línea de alta velocidad Sants-La Sagrera.
Nada nuevo bajo el sol, ni nada que nos pille desprevenidos. Corren tiempos en que sólo con salir de casa ya hay que taparse la nariz por la hediondez que invade toda la vida pública, privada, y la coyunda entre ambas.
Como en el caso que hoy nos ocupa, nos vamos a referir a la citada coyunda entre el Ministerio de Fomento con otros organismos que deberían ser independientes y son todo lo contrario, dependientes del ministro de turno del Paseo de la Castellana, 67 de Madrid. Lo que en otros tiempos pasados se hubiese llamado un “contubernio”.
Empezaremos por citar a la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), desgraciadamente de actualidad con motivo del fatídico accidente ferroviario ocurrido la víspera de la festividad del Apóstol en Angrois, barrio de la ciudad compostelana.
Este organismo que investiga de oficio todos los accidentes ferroviarios está presidido por una persona que desde el año 1974 hasta su jubilación hizo toda su vida profesional en Renfe, con la que todavía mantiene alguna relación. Por si esto fuese poco, todos los vocales del consejo que le asiste, excepto uno, han sido cargos de cierta responsabilidad y relevancia bien de Renfe, bien de Adif o bien son funcionarios del propio ministerio de Fomento.
¿Se puede llamar a esto imparcialidad? Señores que van a juzgar y emitir dictamen sobre una empresa (Renfe) habiendo sido empleados de dicha empresa. ¿Cómo van a resolver este tema cuando se produzca la liberalización de los trenes de viajeros y por las vías circulen trenes de empresas privadas, como ya ocurre con las mercancías? Es decir, que unos señores erigidos en jueces, que han trabajado en el ferrocarril público, juzguen a empleados de empresas privadas, hoy competencia de la empresa en que ellos han trabajado. A esto un dicho popular le dice “poner a la zorra a cuidar el gallinero”.
Otro más. CETREN, la empresa encargada de impartir formación ferroviaria y, lo que es más importante, la empresa encargada de “certificar” y homologar los trenes y el material ferroviario, en base a cuyos certificados luego Fomento autoriza la circulación de los trenes, está formada en su accionariado por las mismas empresas fabricantes de trenes, las empresas que hacen las vías, Renfe, Adif, las empresas que hacen los sistemas de seguridad, los sistemas de telecomunicación, etc, etc. Es decir, que la empresa certificante está formada por los certificados. Tanto monta, monta tanto. Esto es independencia e imparcialidad.
¿Y quiénes son sus directivos y empleados con cierta responsabilidad? Pues los que en su día fueron presidentes, directores generales, directores y altos cargos de Renfe y Adif, ya jubilados y en menor medida de las otras empresas ferroviarias privadas. Es decir un auténtico cementerio de elefantes para seguir montándoselo.
Sin ir más lejos, el actual presidente de CETREN es Miguel Corsini, expresidente de Renfe, que a su vez esta muy vinculado familiarmente a la empresa Corsan-Corviam, que en 2004 fue absorbida por Isolux, a la que nos hemos referido al inicio del post. Otro contubernio.
Con una función similar de validación a la de CETREN está INECO, empresa de ingeniería y consultoría de transporte, especializada en infraestructuras ferroviarias y aeronáuticas, empresa 100% pública cuyos accionistas son AENA, Adif, Renfe, etc; es decir el ministerio de Fomento en pleno. Nuevamente, otro “yo me lo guiso, yo me lo como, como Juan Palomo”.
Para finalizar, aunque ejemplos hay muchos más, está la Subcomisión de Fomento del Congreso de los Diputados, creada para proponer medidas para la mejora del ferrocarril español del futuro, comisión que rehuye hablar del accidente de Santiago como de la santa compaña, y que fue creada precisamente para evitar hablar del accidente y para no crear una comisión parlamentaria de investigación de las responsabilidades políticas del accidente.
Pues bien, en esta subcomisión comparecen como expertos para que todo siga igual todos los involucrados actuales del ferrocarril, excepto personas imparciales, aunque haya catedráticos domesticados en ella. Entre sus miembros nos volvemos a encontrar los mismos que en el caso de CETREN: los representantes de los fabricantes de trenes y material ferroviario, las grandes constructoras de vías e infraestructuras, funcionarios de Fomento, altos y exaltos cargos de Renfe y Adif, los dos sindicatos duopolistas (UGT y CCOO) y así sucesivamente.
El sistema de elección de los miembros comparecientes ante la comisión, basado en propuestas de los distintos partidos, corrió a cargo de los dos mayoritarios (PP y PSOE), que se decantaron por los ya citados en detrimento de personas, docentes, profesionales y técnicos independientes. Entre los vetados por uno y otro se encuentra esta persona que ahora les escribe.
Por tanto, para nada debe de extrañarnos el nuevo affair de Adif destapado ayer a la opinión pública, que no responde a otra cosa que al endogamismo que caracteriza a nuestras administraciones donde se desdibujan los límites entre lo público y lo privado. Anteayer, es un decir, Miguel Corsini era alto cargo de Renfe, ayer, Presidente de Renfe, hoy, Presidente de CETREN y mientras todo ello, vinculado familiarmente a Corsan-Corviam, hoy Isolux Corsan, la empresa que presuntamente se benefició de sobreprecios y prebendas de empleados corruptos. Como en los viejos tiempos.
*José Enrique Villarino es economista y consultor, especialista en Transporte, y miembro del Foro del Transporte y el Ferrocarril (FTF).
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