El Tribunal de Cuentas pone en entredicho el AVE Madrid-Barcelona

J. E. Villarino*.- La gestión de este proyecto puede resumirse de la siguiente forma: sobre un precio de licitación de 7.550,4 millones de euros, fue adjudicado en 6.822,8 millones, lo que supuso una baja del 9,6%. Sobre esta cifra se produjeron modificados por importe de 779,8 millones; 172,0 millones de obras complementarias; 239,9 por obras de emergencia y 528,3 millones por revisiones de precios.

Si a lo anterior se le suman 6,8 millones por incrementos de plazo y 423,9 más en concepto de adicional de liquidación, la factura total se fue a los 8.966,7 millones. Un 18,8% más sobre lo licitado y un 31,4% más sobre el importe adjudicado. Nada nuevo sobre el universo, lo que la administración acostumbra a consentir a constructoras de obra pública, que sabe que lo que le bajan a la hora de licitar, se lo cobran, con creces con los modificados, obras complementarias, revisiones de precios, etc.

No lo decimos nosotros, son palabras del Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de Fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrolladas desde el 1 de enero de 2002, hasta la puesta en funcionamiento de la línea’, de fecha 25 de abril 2013.

En su recomendación segunda, el informe dice que “teniendo en cuenta que la puesta en funcionamiento de la línea AVE Madrid-Barcelona (Sants) en febrero de 2008 se ha producido con retrasos y sobrecostes muy significativos y que en la presente fiscalización se ha detectado que subsistían la mayoría de deficiencias y debilidades que ya se habían puesto de manifiesto por el Tribunal en sus anteriores fiscalizaciones, se considera, que sin más dilación, ADIF debería…”.

En definitiva, viene a decir tres cosas: una, que debe efectuar previsiones más realistas de plazos y costes; dos, hacer lo mismo con los plazos y costes de expropiación, a fin de evitar retrasos en los inicios de las obras; y tres, fundamentar y justificar las prórrogas de contratos y las obras complementarias.

Nosotros nos preguntamos: ¿qué hace entonces ADIF? ¿a qué se dedican sus responsables para ser reconvenidos con esta severidad y dureza a la que se han hecho acreedores, con tan desastrosa gestión del proyecto?

Mal parado sale también el administrador público en lo que se refiere a los contratos de asistencias técnicas y consultoría. Del 2001 a febrero de 2008, de un total de171 contratos de esta naturaleza, TIFSA resultó adjudicataria en 62 ocasiones y 3 en UTEs con otras empresas, por un importe de 100,1 millones de euros, siendo el 81% adjudicaciones directas.

Con la firma en 2006 de un contrato de colaboración entre INECO y TIFSA, uno y otro se beneficiaron mutuamente de los contratos que, cada cual, conseguía por separado, todo ello en detrimento de las empresas privadas.

* José Enrique Villarino es economista y consultor, especialista en Transporte, y miembro del Foro del Transporte y el Ferrocarril (FTF).