Una investigación de la periodista Ángela Beato en Madridiario destapa el drama de decenas de usuarios que han pagado hasta 13.000 euros por tratamientos que han quedado suspendidos. La empresa, con presencia en cuatro comunidades, ha dejado de responder a los afectados mientras la OCU lanza una guía de urgencia.
MADRID – El sector de las clínicas dentales vuelve a ser protagonista de un escándalo que deja a cientos de ciudadanos en una situación de vulnerabilidad extrema. Según ha revelado en exclusiva Ángela Beato para Madridiario, la red de clínicas vinculadas a Oral Studio (anteriormente operando bajo marcas como Elims Goya en la calle Príncipe de Vergara) ha cerrado sus puertas de la noche a la mañana, dejando tras de sí un rastro de tratamientos inacabados y ahorros perdidos.
El modus operandi ha sido similar en varios casos: tras meses de aparente normalidad o excusas por “reformas” y “problemas técnicos con el escáner”, las clínicas han cesado su actividad y han cortado todas las vías de comunicación, incluidos los canales de WhatsApp.
El caso de repite en otras comunidades autónomas. Una de las afectadas relata haber pagado 10.000 euros financiados y encontrarse ahora únicamente con implantes provisionales, sin poder finalizar el proceso. Otro paciente lamenta haber desembolsado 9.000 euros sin que siquiera hayan llegado a tocarle la boca.
Más allá del perjuicio económico, el impacto en la salud es grave. Algunos usuarios denuncian que solo pueden alimentarse a base de líquidos y purés al no tener la dentadura funcional, llegando a registrar pérdidas de peso de hasta seis kilos debido a la imposibilidad de ingerir sólidos.
Ante la gravedad de los hechos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado que la empresa matriz ya entró en suspensión de pagos a inicios de 2025 sin informar a los clientes. Para quienes se encuentren en esta situación, estos son los pasos legales a seguir:
Desde la OCU denuncian que la ley actual sitúa a los consumidores en los últimos puestos de la lista en caso de concurso de acreedores, lo que dificulta recuperar el dinero. Por ello, instan a las autoridades a realizar inspecciones más rigurosas y a modificar la normativa para que los créditos de consumo tengan prioridad frente a otros acreedores en casos de quiebra.
Mientras tanto, los afectados se están organizando a través de redes sociales y plataformas de perjudicados para presentar denuncias conjuntas ante la policía y tratar de encontrar una solución médica a sus tratamientos interrumpidos.
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