P. Rodríguez.- Apenas un día después de que el Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid haya paralizado el proceso de privatización sanitaria en seis hospitales de la Comunidad de Madrid, a instancias de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº16 de Madrid se ha vuelto a pronunciar sobre la externalización, en este caso para denegar decretar medidas de suspensión cautelar del proceso, según han informado este jueves 5 de septiembre el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, y el responsable de la cartera de sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
“¿En qué quedamos? ¿A quién tenemos que hacer caso?”, ha dicho Lasquetty. “Es otro juzgado con un auto en sentido literalmente opuesto al que conocimos antes de ayer”, ha señalado Lasquetty, quien ha recordado que ya llevan cuatro pronunciamientos sobre el proceso y que el “tanteo” va con dos juzgados que deniegan las medidas cautelares, con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que también y con otro juzgado que sí que lo ordena.
Lasquetty, K.O
La segunda paralización del proceso de externalización sanitaria ideado por el gobierno de la Comunidad de Madrid en tan sólo dos meses –la primera llegó el 10 de julio– sentó este miércoles 4 de septiembre como un jarro de agua fría al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, quien no dudó en mostrar “absoluta sorpresa” ante este este hecho, horas después de conocer que un auto del Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid ha vuelto a paralizar el proceso a instancias de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).
Lasquetty considera que dicho juzgado no es “competente” para tomar esta decisión. Es “completamente incomprensible” que un juzgado “vuelva a tratar exactamente lo mismo que trató el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un órgano superior, en el mes de julio -el día 24-“, afirmó.
Según el auto, la privatización tendría consecuencias irreversibles en el sistema sanitario público madrileño: “(La externalización) lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad, que se incrementa notablemente en supuestos como éste, en los que, por la propia magnitud del servicio, se precisa introducir por los agentes privados, en sus legítimas aspiraciones empresariales, importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión (de 10 años), que hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior”.
Lasquetty cree que es un tema “personal” de este juzgado
Pero, sin hacer mención a este punto, el más importante, el consejero insistió en que el TSJM “ya se pronunció sobre otros recursos” y que es éste y no otro quien debería decidir. En su opinión, el Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid debería haberse inhibido y remitirle la causa.
A su juicio, el juez no emite en su auto “en distintos puntos de las reflexiones” opiniones de tipo jurídico sino de “tipo político o personal”. Según el consejero, son unos posicionamientos totalmente “respetables” como los de cualquier ciudadano pero “impropios por parte de cualquier juzgado”.
Según Lasquetty, todo se debe a “una estrategia personal de Tomás Gómez, que pierde las elecciones, pierde el debate sobre el estado de la región y quiere continuar su guerra personal utilizando los tribunales”. “Este auto es consecuencia de la maraña de recursos del PSM a través de sindicatos y organizaciones para impedir las reformas que son necesarias para la sostenibilidad del sistema sanitario”, ha recalcado el consejero del ramo en una declaración de calado político.
En Sanidad desde marzo de 2010
Nacido en Madrid en octubre de 1966, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, diputado al Congreso por Madrid y secretario general de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES), Javier Fernández-Lasquetty y Blanc comenzó en 1994 a trabajar con la presidenta regional en la concejalía de Cultura y en mayo de 1996 fue nombrado director de gabinete de la entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre. En su segunda Legislatura, Aguirre le nombró consejero de Inmigración, puesto que ocupó hasta marzo de 2010, fecha en la que se hizo cargo de la Consejería de Sanidad, tras la salida de Juan José Güemes.