C. Linares.- El pleno de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se reunirá los próximos días 9 y 10 de enero para resolver siete recursos contra la privatización de la gestión de seis hospitales madrileños, según ha informado este jueves 19 de diciembre el tribunal.
El pleno estará presidido por el juez Gerardo Martínez Tristán, después de que la Sala de Recusación del tribunal desestimara hace diez días una recusación del Partido Socialista de Madrid (PSM) contra este magistrado por considerar que tiene una relación “demasiado directa” con el PP.
Los magistrados que integran la Sala deliberarán sobre siete recursos: el recurso de reposición interpuesto por varios miembros del PSM contra el auto de la Sección Tercera que rechazó su legitimación para recurrir la convocatoria de la licitación; la solicitud de medidas cautelares planteadas por dos asociaciones médicas que solicitan la suspensión del procedimiento contractual; el recurso de reposición interpuesto por la Comunidad de Madrid frente al auto de la Sección Tercera que acordó la suspensión del procedimiento a solicitud de AFEM; el recurso de reposición interpuesto por Comisiones Obreras contra el auto de la Sección Octava que inadmitía el recurso interpuesto por este sindicato por falta de legitimación; el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid frente al auto de 2 de septiembre de 2013 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, que acordaba la suspensión del procedimiento; y el recurso sobre la falta de legitimación de varios miembros del PSM, distintos de los anteriormente citados, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid.
También verá la solicitud de suspensión del procedimiento solicitada por estos representantes políticos, que recayó en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 28 de Madrid que con posterioridad se inhibió a favor de la Sección Tercera del TSJM, informa el tribunal.
En octubre pasado, el TSJM había comunicado a las partes que los 50 magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-administrativo serían los encargados de resolver todos los recursos presentados en las secciones 3 y 8 contra la externalización.
Martínez Tristán justificó entonces su decisión en un escrito alegando que en diferentes secciones de la Sala se habían presentado distintos recursos contra la externalización, en concreto once en la sección 3 y uno en la sección 8, cuyas resoluciones resultaban o podían resultar “contradictorias”.
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