C. Linares.- Dos tutores por aula, que la situación de desempleo de los progenitores no reste puntuación en el baremo de admisión a la escuela infantil, o la gratuidad en familias en exclusión, entre otras, son algunas de las 20 alegaciones estimadas que se han incorporado al texto de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid que se ha aprobado este jueves 6 de octubre de 2016 en Junta de Gobierno y que tendrá su aprobación definitiva en el próximo Pleno del mes de octubre.
Este marco jurídico nuevo, en el que prima la calidad educativa frente a las condiciones económicas,se bajan los precios de acceso a las escuelas y se mejoran las condiciones laborales para el profesorado, se implantará para el curso 2017/18 y contará con un nuevo modelo educativo más innovador y más avanzado necesario en estas edades en la que las niñas y niños forjan sus pilares y estructuran su pensamiento.
Para que los agentes sociales, la ciudadanía y los partidos políticos tuvieran tiempo suficiente para presentar sus alegaciones se abrió un plazo de información pública de ocho semanas, desde el 2 de agosto al 30 de septiembre.
Durante este período de tiempo se han presentado 36 alegaciones de las cuales 20 han sido estimadas, 4 estimadas parcialmente y 12 desestimadas. El grupo municipal de Ahora Madrid presentó 14, el grupo socialista 12, la Federación de la Comunidad de Madrid de asociaciones de padres y madres del alumnado ‘Francisco Giner de los Ríos’ presentó 7 y el resto han sido alegadas por un ciudadano de la capital.
La ordenanza incorpora el concepto de la pareja educativa, dos tutores por aula, lo que aportará al grupo de alumnos una enseñanza-aprendizaje más completa y mucha mayor dedicación durante el horario de permanencia en el centro. Un nuevo modelo que se está implantando a lo largo de la geografía española.
Se añade otro requisito importante, el personal destinado a impartir el idioma de inglés tiene que contar la titulación obligatoria en Educación Infantil, un refuerzo pedagógico más que beneficia a las niñas y niños.
Se ha establecido como obligatorio (y no “preferentemente”) que la duración de los contratos no sea inferior a cinco cursos escolares lo que garantiza la estabilidad de los equipos y los proyectos educativos implantados.
En las ratios por aula se ha añadido la posibilidad de variar temporalmente el número de alumnas y alumnos escolarizados, según las necesidades especiales de los menores mientras haya una justificación.
La red de escuelas infantiles municipales verá incrementada la financiación lo que garantizará la calidad laboral de los profesionales que trabajan en estos centros. Además, con el fin de impulsar y facilitar el acceso de las niñas y niños se van a reducir las cuotas que deben abonar las familias aplicando los principios de igualdad de oportunidades y la compensación educativa.
Se añade además el criterio de desempleo en el apartado de admisión del alumnado, especificando que la situación de desempleo de los progenitores no restará puntuación en el baremo de admisión. Y se incorpora la posibilidad de llegar a la gratuidad de las cuotas en el caso de familias que se encuentren en situación de necesidad o en riesgo de exclusión.
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