C. Linares.- Medio año después de negarse a comparecer, en plena época de las mareas blancas, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, dará la cara ante los representantes políticos de los madrileños. Comparecerá este viernes 19 de julio en la Asamblea de Madrid para explicar el momento que atraviesa el proceso de privatización sanitaria la Comunidad de Madrid impulsado por su gobierno y recientemente paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de manera cautelar. Una decisión que hará dar marcha atrás a su gobierno, a juzgar por las palabras pronunciadas este martes 16 por el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, quien asegura que el PP está “muy orgulloso” del mismo.
En la reunión de la Diputación Permanente celebrada este martes en la cámara autonómica, se ha aprobado esta comparecencia en Comisión de Sanidad, pero el PP ha utilizado su mayoría absoluta para rechazar que se convoque un pleno extraordinario al respecto ya que, según el portavoz de sanidad del PP, Javier Rodríguez, el asunto ya ha sido “suficientemente debatido” en la Asamblea.
La portavoz adjunta del PSM, Maru Menéndez, ha acusado del PP de “negar el debate y la transparencia” acerca del concurso de sanidad, que ha estado “plagado de irregularidades”, lo que pone a los ciudadanos y a los hospitales en “grave riesgo”. Menéndez ha dicho que si a Lasquetty le quedara “un mínimo” de responsabilidad tendría que paralizar de inmediato la “privatización” o, incluso, presentar su dimisión.
El portavoz de Sanidad de UPyD, Enrique Normand, ha dicho que el PP incurrió en una “falta de competencia” al seguir adelante con el proceso de externalizacion pese a “todas las sombras” que le rodeaban, como la falta de estudios sobre la eficiencia de la externalización y las modificaciones en el concurso. Y su homólogo de Izquierda Unida, Rubén Bejarano, opina que se trata de un “hecho inédito de mucha importancia” que “no ha estado exento de polémica” y que ha tenido la “contestación” de “toda la comunidad sanitaria” durante nueve meses de movilizaciones. Por ello, ha pedido al ejecutivo que “paralice definitivamente” el proceso de “privatización”, aunque ha dudado que el Gobierno lo lleve a cabo después de que haya hecho “lo que hiciera falta” para que se llevara a cabo el proceso, llegando a “modificar” los pliegos en lo referente a las cantidades de fianza.
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