F. Mollá.- La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves 14 de julio de 2016 un Plan Económico Financiero en el que se reflejan las principales partidas de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Madrid para los ejercicios 2016 y 2017.
Se prevé más gasto social e inversión en infraestructuras y servicios públicos, al tiempo que se registrarán importantes superávits y una reducción progresiva y mantenida de la deuda.
El Plan Económico Financiero permite que el Ayuntamiento pueda incrementar el gasto y la inversión en 1.183 millones de euros entre 2016 y 2017, y al mismo tiempo lograr importantes superávits (511 millones de 2016 y 347 millones en 2017).
Paralelamente, la deuda se reducirá de forma progresiva y eficiente: la deuda estimada a final de 2016 será de 3.844 millones de euros, un 31,80% menos que en junio de 2015. Con ese ritmo de amortización de deuda a final de 2019 se habrá reducido un 51,86% desde el inicio de la legislatura actual.
Este Plan Económico Financiero ha sido elaborado por el Consistorio a iniciativa propia para dejar constancia frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que el Ayuntamiento cumplirá las normas de estabilidad presupuestaria.
Con este plan se busca eliminar la brecha existente entre los gastos no financieros derivados de la aplicación de la Regla de Gasto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para las Administraciones Públicas y los que se pueden alcanzar por los ingresos no financieros obtenidos del sistema tributario municipal.
No se destinará la diferencia entre ingresos y gastos no financieros a amortización anticipada de deuda como objetivo prioritario. Para el Gobierno municipal es prioritario que se consigne el máximo de recursos a servicios públicos, infraestructuras y gastos que benefician directamente a la ciudadanía (limpieza, recogida de residuos, asistencia social, etc.). Estas necesidades deben estar, en la medida de lo posible, por delante del pago anticipado de la deuda.
Si el Ayuntamiento no presentase este Plan Económico Financiero y se ajustase a la estricta aplicación de la Regla de Gasto se vería en la obligación de realizar importantes recortes de gasto:
Recortes en gastos de personal (capítulo 1) por valor de 10.000.000 euros, lo que supondría una reducción del 0,9% con respecto al volumen inicialmente presupuestado.
Recortes en gastos corrientes de bienes y servicios (capítulo 2) por valor de 165.300.000 euros, lo que implicaría una reducción del 10% respecto al volumen inicialmente presupuestado. De esta cantidad, 30.051.780 corresponderían al recorte en el Fondo de Reequilibrio Territorial del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, y 32.000.000 euros al recorte en Ayuda a Domicilio del Área de Equidad, Derechos sociales y Empleo.
Recortes en transferencias corrientes por valor de 55.500.000 euros (capítulo 4), lo que significaría una reducción del 9,3% sobre al volumen inicialmente presupuestado.
Recortes en inversiones reales (capítulo 6) por valor de 192.500.000 euros, lo que supondría una reducción del 63,5% con respecto al volumen inicialmente presupuestado. Esos recortes hubiesen afectado al programa de vías públicas, el de zonas verdes, el de fomento del deporte o el de centros de enseñanza infantil entre otros muchos.