Dimite una diputada del PP investigada por malversación

L. Torres.- La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Josefa Aguado ha presentado este jueves 25 de mayo de 2017 su dimisión a la presidenta regional, Cristina Cifuentes tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha aceptado la competencia para investigarla por los posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación con la adjudicación de un contrato en Arganda del Rey en 2007 a empresas de la trama Gürtel.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata envió el pasado abril una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que proponía investigar a la diputada autonómica por prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos al apreciar que la parlamentaria “habilitó los trámites administrativos” que permitieron abonar a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, las facturas de la celebración, en abril de 2007, de las X Olimpiadas Escolares de Arganda del Rey, municipio en el que la aforada trabajó como Jefa de Deportes municipal. La adjudicación a Correa de esta actividad fue de 89.000 euros, a los que hay que sumar otros 83.000 por “encargos extra” eludiendo los trámites legales.

Ahora la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM sostiene en un auto que Aguado no ha sido autora directamente “de resoluciones administrativas arbitrarias” en los términos que argumentaba el magistrado de la Audiencia Nacional, pero sí se deduce “una contribución importante de doña María Josefa Aguado del Olmo a que se dictaran esas resoluciones arbitrarias, favorecidas o propiciadas gracias a sus informes favorables al cobro”

“No puede descartarse que la persona aforada fue consciente de que con su actuación participaba en el dictado de resoluciones arbitrarias, mediante las que se consumó un fraude a la administración pública y se permitió la indebida disposición de fondos públicos, lo que obliga a iniciar la investigación penal en relación a ella” por posibles delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos”, añade.

Los magistrados aceptan las competencias sobre Aguado pero no sobre el resto de los investigados en relación con el expediente de las Olimpiadas Escolares, sin perjuicio de lo que proceda cuando avance la investigación.