F. Mollá.- El Gobierno de Cristina Cifuentes ha cesado al subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, por “un error grave” que supuso la no entrega de 35 documentos de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso de corrupción Lezo, a la oposición.
La providencia del juzgado le llegó a Sebastián Sánchez a su email el 21 de agosto de 2017 y él no vio el correo electrónico “por un fallo humano”, ya que era “pleno mes de agosto” y “se encontraba en periodo vacacional”. Ese fallo humano ha provocado su despido.
Todo ocurrió de la siguiente manera, según el gobierno regional. El Ejecutivo madrileño recibió el pasado mes de agosto de 2017 una providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que le daba vía libre para entregarle a la oposición las actas del Canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo.
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, afirma que el pasado 1 de agosto el viceconsejero de Presidencia pidió por carta al juez del caso Lezo autorización para entregar a la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid 35 documentos que había solicitado la oposición.
El Gobierno regional no entregó estos documentos a la oposición porque un informe de la Abogacía General decía que mientras estuvieran incluidos en un proceso judicial tenían “un carácter reservado”, ha apuntado Garrido.
El 18 de agosto el juez firmó una providencia a la Subdirección General de lo Contencioso, que está en Abogacía General; y desde allí se envió el 21 de agosto a otra Subdirección General de Régimen Jurídico, que depende de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia.
“Aquí está el problema”, ha señalado Garrido, ya que en ese momento, el subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, no vio el correo electrónico con la providencia “por un fallo humano”, ya que era “pleno mes de agosto” y “se encontraba en periodo vacacional”.
De esta forma, el secretario general técnico del Departamento de Presidencia no sabía que esta providencia había llegado y no pudo dar la orden de que se enviara la documentación a la oposición.
“Ni el secretario general técnico, ni yo, ni la presidenta tenemos conocimiento de los escritos que llegan a las subdirecciones general si no nos lo elevan y no lo hicieron”, ha subrayado Garrido.
La Comunidad quiere entregar los documentos cinco meses después
El pasado 3 de enero de 2018, el Gobierno regional envió otro escrito al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para solicitarle autorización sobre la entrega a la oposición de 69 documentos (los 35 primeros y otros 34 más).
Garrido ha recordado que él mismo como presidente del Canal de Isabel II denunció ante la Fiscalía el caso Lezo.
Además, ha subrayado que el Ejecutivo madrileño ha entregado a la oposición 720 peticiones de información relativas al Canal Isabel II y rehusó entregar 69 por estar incluidas en un sumario, aunque, tras la autorización del juez del caso Lezo, se remitirán a la oposición en la Asamblea de Madrid el próximo lunes.
Ha argumentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede conocer los escritos que llegan a las subdirecciones generales de la Comunidad de Madrid y ha obrado “de buena fe” desconociendo la providencia del Juzgado.