F. Mollá.- El Ayuntamiento de Madrid cerró 2011 con un déficit de 597,7 millones de euros, equivalente al 0,47 % del PIB, tres décimas de punto por debajo del limite del 0,8 % establecido por el anterior anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para los ayuntamientos españoles.
La liquidación del presupuesto de 2011 presenta un superávit de 145,9 millones de euros, en términos de contabilidad presupuestaria -teniendo en cuenta los activos y pasivos financieros y los derechos y obligaciones reconocidos aunque no hayan sido desembolsados-.
Sin embargo, los datos varían si no se tiene en cuenta los términos de contabilidad nacional (sistema usado por España ante la Unión Europea que mide el objetivo de estabilidad) y sí los de contabilidad presupuestaria: la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, ha detallado que ,siguiendo este último término, el Ayuntamiento obtiene un resultado positivo de 145,9 millones de euros.
Dicho superávit de 145,9 millones le ha servido al vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, para recordar que en la pasada Junta de Gobierno ya habló de un “déficit 0,0” en la liquidación de 2011.
Según la alcaldesa Ana Botella, parte de ese déficit contable se explica en la devolución al Estado de los excesos de las aportaciones a cuenta de los ejercicios 2008 y 2009. El Ayuntamiento pretende reducir su deuda a la mitad en cinco años.
El Ayuntamiento que más debe a los proveedores
El consitorio tiene pendiente por pagar 1.035 millones, a fecha 31 de diciembre de 2011 sobre una deuda total de todos los ayuntamientos de unos 17.000 millones de euros; más de la mitad de los 35.000 millones del préstamos del Gobierno, según dijo este jueves en Radio Nacional de España Fernando Martínez Maíllo, vicepresidente de la Federacion Española de Municipios y Provincias (FEMP), unas horas antes de que finalice el plazo para que los ayuntamientos informen a Hacienda de las deudas que tienen pendientes con proveedores.
Botella ha cifrado la deuda comercial del Ayuntamiento de Madrid en 920 millones de euros, a los que habría que sumar 115 millones más de las empresas públicas.
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