Hace cinco años, en 2013, en plena crisis económica, vendieron 1.860 pisos de vivienda protegida municipal que debían ser para los madrileños con menos recursos a fondos buitre a un precio muy inferior al de mercado y por ello quien fuera alcaldesa de Madrid en el momento de los hechos y los siete concejales que formaban parte de su equipo de gobierno han sido condenados a pagar 25 millones de euros acusados de “negligencia grave” por “no impedir” el “perjuicio en el patrimonio público”.
Los ocho condenados interpondrán un recurso a la sentencia impuesta por el Tribunal de Cuentas, que se ha conocido este viernes 28 de diciembre de 2018.
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