La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido condenada por el Tribunal Supremo, por falta de neutralidad electoral. Vulneró el principio de neutralidad de los poderes públicos al vender ayudas e inversiones del Gobierno regional, pese a tenerlo prohibido.
Está condenada por “prevalerse del cargo” para vender logros y promesas en tres actos institucionales en los que se le exigía neutralidad, precisamente por ser la presidenta de la región.
Deberá abonar los 940 euros de las costas.
El Tribunal Supremo considera que hizo declaraciones “infractoras de la neutralidad” en al menos tres ocasiones, a pesar de que hubo un “apercibimiento previo, sin éxito” para que “se abstuviera de difundir mensajes de contenido electoralista en actos institucionales”.
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