F. Mollá.- El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid recibió la primera semana de febrero de 2016 un informe preliminar de la Subdirección General de Auditoría de la Deuda que advertía que el consistorio adjudicó entre 2005 y 2014, con Gallardón y Botella al frente del mismo, 32 millones de euros a siete empresas vinculadas a Púnica entre 2005 y 2014.
Y la actual alcaldesa, Manuela Carmena, ha comenzado a investigar concretamente un Aparcamiento para Residentes (PAR), en la calle Cándido Mateos.
El contrato de obras para la construcción y explotación de dicho aparcamiento público subterráneo de concesión municipal para residentes “Cándido Mateo” fue adjudicado en octubre de 2005 a la Unión Temporal de Empresas Cándido Mateos -formada por Dico y Aglomerarados Daimiel-.
La obra del aparcamiento debía costar en 3,9 millones de euros, pero, según la nota de prensa del Ayuntameinto, acabó costando, debido a una modificación y otros gastos, “más de 9 millones de euros”.
El proceso de contratación este aparcamiento ya fue objeto de revisión y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió sentencia en 2007 por no concluir el trámite de información pública en el proceso.
Sin embargo, el Ayuntamiento volverá a investigarlo, ya que “los documentos revisados ahora, en el marco de las investigaciones sobre vínculos de la trama Púnica, apuntan a probables irregularidades en el proceso de contratación del aparcamiento, cuya ejecución se saldó con una desmesurada convalidación de gasto”.
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