P. Rodríguez.- El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha decidido este jueves 31 de octubre llamar a declarar como testigo en la Audiencia Nacional a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama mafiosa liderada por Francisco Correa. Nada más conocer la noticia, ella no ha tardado en afirmar, a través de su cuenta de Twitter, que “estaré encantada de colaborar con la Justicia para que se depuren todas las responsabilidades en el Caso Gürtel”.
El juez considera que no se puede posponer la citación de Aguirre puesto que la instrucción de Gürtel se encuentra en su “fase final”.
Pese a que la Fiscalía se opuso a ello, el juez considera que se la debe citar, tal y como pidió la acusación ejercida por el PSOE, para confirmar las manifestaciones que realizó ante distintos medios de comunicación y que se refieren a la prohibición que habría efectuado a Alberto López Viejo (ex consejero regional imputado en la causa) de contratar con Easy Concept,”sin perjuicio de compartirse con el ministerio fiscal que de las diligencias hasta ahora practicadas no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por parte de la señora Aguirre en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid”, su declaración resulta “necesaria, útil e idónea” en cuanto que “se podrá incidir en la supuesta instrucción o indicación que el imputado López Viejo habría recibido por parte de la señora Aguirre”.
Según el auto del juez Ruz, “se podrá incidir en la supuesta instrucción o indicación que el imputado López Viejo habría recibido por parte de la señora Aguirre de prohibición de contratación de actos y eventos con la mercantil Easy Concept”.
Por escrito o cara a cara
El juez da a Aguirre la opción de declarar por escrito, dado que los hechos investigados se produjeron cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque también puede acudir en persona a la sede de la Audiencia Nacional de la calle Prim, opción que se dio a María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, quienes eligieron ir en persona a la Audiencia Nacional.
Ruz sostiene que López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia, habría recibido “cuantiosos pagos” del entorno de Correa “como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid”.
El también exconsejero de Deportes -imputado de prevaricación, cohecho, malversación y delito fiscal- habría conocido las prácticas que se hacían en el gobierno regional para fraccionar los contratos y amañar concursos con la concurrencia de diferencias empresas vinculadas todas a Correa, a cambio de comisiones de entre el 5 y el 11,5%.
El juez sostiene que López Viejo intermedió para contratar “no de forma directa con sociedades vinculadas a la organización de Francisco Correa, sino a través de sociedades pantalla o velo, para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios”.
Indica que “todos los testigos que han declarado sobre los hechos a los que afectaría la diligencia solicitada han coincidido en atribuir fundamentalmente a López Viejo la selección indiciariamente irregular de las empresas y el seguimiento de su pago”.
El magistrado recuerda que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) constata la existencia en Madrid “de un operativo de contratación pública llevado a cabo por diferentes entidades y consejerías que se habría apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”.
Según el informe, la Comunidad llegó a fraccionar 104 contratos de hasta 12.000 euros, por un total de 3,1 millones, para evitar su publicidad, y luego las empresas de Correa emitían facturas por importe inferior al dinero que recibían del gobierno regional, cuya diferencia “era el beneficio que se obtenía por sus servicios de intermediación”.