Los once quiosqueros del Retiro piden amparo ante los tribunales

F. Mollá.- Once empresarios quiosqueros del Retiro están en pie de guerra contra el Ayuntamiento. Toca renovar los contratos de los quioscos de venta de refrescos y aperitivos que regentan desde hace décadas en el parque y se quejan de las subidas de hasta el 600% que sufrirán sus concesiones.

Hace un par de meses que se reunieron con Ángel Garrido, concejal presidente de la Junta de Distrito de Retiro hasta principios de año, pero no se llegó a ningún acuerdo, y no ha trascendido negociación alguna con la nueva concejal Ana Román.

Así, los quiosqueros, que leerán un manifiesto en el Retiro este domingo 12 de febrero a las 13.00 horas, han acudido a los Tribunales de Justicia “para solicitar amparo” ante una situación que consideran “totalmente injusta y que vulnera la normativa vigente”, dicen desde ACOBAN, la asociación que integra a los once empresarios quiosqueros del Retiro.

“El Ayuntamiento de Madrid ha publicado recientemente las condiciones del concurso de adjudicación y estas nuevas premisas suponen de “facto” que no todas las personas que quieran acudir al concurso lo puedan hacer en igualdad de condiciones”, reivindican.

“Los titulares de estos establecimientos no pretenden que se les dé preferencia en la adjudicación del nuevo concurso por el hecho de llevar muchos años explotando los quioscos del Parque del Retiro, pero exigen que las condiciones sean iguales para todos.

Comunicado de ACOBAN

Libertad de elección o guetos educativos

Existe un cierto consenso en España de que la situación de la educación es manifiestamente mejorable. Los resultados del rendimiento, y especialmente de la valoración social, nos acercan más al grupo de países en vías de desarrollo, que lo que indica nuestro PIB per cápita. No es mi intención hacer una digresión sobre las causas, escaso presupuesto, herencia de la dictadura, situación económica de los hogares, entre otras.

Lo que trataré de argumentar es que la última decisión de la Comunidad de Madrid respecto a los criterios de escolarización supone, de facto, un ataque contra la equidad y una dejación de las funciones de planificación a los poderes públicos que le otorga la Constitución vigente. Esta ruptura con los criterios de la LODE, permitirán, a cualquier familia elegir cualquier centro educativo en cualquier punto de la región, relajando también los criterios de renta, lo cual también ayudará, aún más, a segmentar los centros públicos, cuya demanda es ha sido decreciente hasta hace relativamente bien poco.

El argumento ideológico argüido, que no racional, económico o de equidad, parte de la falsa premisa que los padres tienen la libertad absoluta de elección de centro, sin que los poderes públicos tengan ningún papel a la hora de asignar eficientemente los recursos existentes o garantizar la igualdad de oportunidades reales. El servicio educativo en España tiene la categoría de servicio público universal y gratuito, como en la mayoría de países de nuestro entorno, al menos en su tramo obligatorio. Eso debería implicar que los principios de igualdad de oportunidades y equidad horizontal se deberían cumplir de forma absoluta, y no en términos relativos o teóricos. Así mismo, la planificación pública es la que garantiza la suficiencia en la oferta educativa y no que ninguna política permita la mala asignación de recursos que pudieran generar un sobrecoste o la segmentación del alumnado. En suma, los poderes públicos, como pasa en Francia, Alemania o Finlandia son los garantes de que los principios de planificación, excelencia, equidad, no discriminación y suficiencia financiera se cumplan dentro de la comunidad educativa.

La Comunidad de Madrid, respondiendo a principios ideológicos y programáticos, y basándose en la legitimidad democrática de su mayoría absoluta, ha viciado de contenido los principios anteriormente citados. En primer lugar, es manifiesto que en Madrid la equidad o igualdad de oportunidades no existe. Es decir, existe una gran asimetría en los resultados educativos entre centros concertados y centros públicos, algo que se deja notar, por ejemplo, en el Distrito de Salamanca. Esto se traduce, globalmente en Madrid, en una creciente demanda de educación concertada y una reducción de la demanda de educación pública. Esta tendencia no sería así, si los criterios de selección y admisión, los decidiese la autoridad educativa y no los propios centros. De esta forma, permitiendo falsificar los criterios de renta y facilitando la libre elección de centros, lo esperable, y que ya ocurre en algunos centros, es que tienden a despoblarse, lo que acabará generando cierres de aulas y despidos de profesores.

La asimetría de calidad y resultados se sabe tiene un origen y es la concentración de alumnos con problemas idiomáticos, inmigración, o educación especial, en una tipología de centros, esencialmente públicos. Estos alumnos, con iguales derechos que cualquiera, son rechazados sistemáticamente por centros educativos concertados, violando así la norma, puesto que en este caso, no solo se cercena la libre elección de centro, sino que se trata de segmentar los centros educativos.

Lo que subyace, en el fondo, es el deseo de tener claramente dos tipos de centros educativos, unos de cierta excelencia y otros donde acaben los alumnos/as menos aventajados desde un conjunto de prismas, y que normalmente tiene una correlación con situación económica familiar. Bajo el manto de la competencia, que no existe por ejemplo en Francia o en Alemania y por supuesto en Finlandia, se intenta que los centros educativos compitan por captar los mejores alumnos, cuya correlación con la renta familiar, de nuevo, es muy elevada. En los mejores países, los criterios de asignación de plazas educativas es claramente zonal y no influye los criterios de renta, puesto que solo existen dos tipos de oferta educativa: pública o privada pura. Su excelencia es unitaria, por lo que no es precisa la competitividad o competencia de sus centros, lo cual garantiza una verdadera igualdad de oportunidades y equidad.

En resumen, la dejación pública en garantizar la igualdad de oportunidades real, que no solo es el acceso a cualquier centro educativo, la generación de disfunciones en la asignación de recursos que están llevando al vaciado de centros públicos, la creación de guetos educativos y el traslado del poder de decisión de la admisión del alumnado a los centros educativos, es una mala praxis política. Anteponer una supuesta libertad a la equidad es profundamente injusto y nocivo para una sociedad.