Siete de cada 10 empresas que salen de Cataluña se vienen a Madrid

C. Linares.- Siete de cada 10 empresas que han anunciado su traslado desde Cataluña a raíz del 1-O han elegido la Comunidad de Madrid para ubicar su sede social, aunque en términos de facturación representa únicamente el 39% del volumen total, tal y como se desprende de un estudio elaborado por el Centro de Predicción Económica (Ceprede) difundido por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Juan José López Belmonte, se ha referido a la situación de estas últimas semanas y ha estimado que la repercusión “va a ser enorme” para Madrid. “Madrid se va a disparar”, ha indicado, sin precisar en cuánto puede afectar al PIB porque es “difícil” saberlo.

Según datos del Colegio de Registradores, desde el 1 de octubre de este año se habría registrado el traslado más de 1.700 empresas -la cifra rondan ya los 2.000 con datos actualizados-, que estarían generando en torno al 1% del PIB nacional total, si bien para la economía catalana supondría alrededor del 5,4% de su PIB regional.

En el caso de la Comunidad de Madrid, para esta región las empresas que han decidido reubicar su sede social representarían en torno al 1,8% del PIB regional total, según el mismo estudio, que recoge que en términos impositivos, estas empresas habrían devengado algo más de 1.440 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades, lo que supone en torno al 6% de la recaudación total en el año 2016.

Ahora bien, según el informe, estas cifras que a priori pueden resultar muy significativas, deben ser matizadas, sobre todo, si se considera el escenario “más probable” en el que no se termine produciendo una secesión efectiva.

De hecho, en este escenario de no secesión, los efectos económicos reales de estos traslados serían, en una primera aproximación, prácticamente nulos, tanto para todo el conjunto de España como para las comunidades dado que el cambio de sede social no implica muchas modificaciones en cuanto a establecimientos y unidades productivas.

En el supuesto de hacerse efectiva la independencia, el estudio sí que recoge que los traslados generarían un cambio real de los flujos de renta y recaudación en los diferentes territorios, si bien estos cambios se limitarían a la proporción de la actividad productiva real que realizada cada una de estas empresas dentro y fuera de Cataluña.