C. Muñoz*.- Tras un intento inicial de vender el Canal de Isabel II, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció el 30 de mayo de 2012 su decisión de renunciar momentáneamente, dada la falta de compradores. Sin embargo, anunció un nuevo proceso de privatización (diseñado en la ley 3/2008) en la gestión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización en la Comunidad de Madrid. Esta gestión privatizada incluiría la actividad comercial correspondiente. La Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que nos llevan a un nuevo proceso de saqueo de un bien de los madrileños.
En estos momentos, la sociedad anónima está en manos de la Comunidad de Madrid (con el 82,4% de las acciones), y de los Ayuntamientos (el 17,6% restante). La sociedad obtuvo 135 millones de beneficio en 2011 y ya reparte dividendos. Sin embargo, el Gobierno Regional pretende privatizar hasta el 49% del total antes de 2016, a pesar de la rentabilidad y buen funcionamiento del servicio público. El gobierno de Ignacio González quiere vender el 49% del Canal por 1.000 millones y sin deuda.
Ahora mismo la ciudadanía desconoce tanto los criterios de valoración de los activos del Canal, como los entresijos jurídicos del nuevo plan del gobierno popular. Lo tienen bien escondido, pues no les va a resultar sencillo seguir vendiéndonos su política capitalista de privatizaciones, y de esa manera seguir destruyendo la gestión pública en un elemento tan fundamental para todos los ciudadanos como es el acceso universal, y con una calidad adecuada, al agua de nuestro territorio.
Tras el crimen social que ha supuesto para la mayoría de la ciudadanía la especulación en el sector de la vivienda, facilitada y fomentada por los políticos del sistema, buscan nuevos negocios a costa de los madrileños, en la privatización de la sanidad, la educación y hasta del agua que utilizamos. Para estos depredadores, la gestión del agua implica un negocio redondo, pues todos la necesitamos.
El Canal de Isabel II, que proporciona agua a los madrileños, ha sido hasta ahora, antes de ser rapiñada entre los empresarios y políticos, un ejemplo de calidad y de gestión pública de un bien general. A nadie se le escapa que en Madrid disfrutamos de una de las aguas de mayor calidad de todo el país. Esto no hubiera sido posible, como demuestra la gestión privada a lo largo de la costa Mediterránea, con empresas que buscan un beneficio económico directo, ahorrando en costes de mantenimiento y maquinaria, personal, etc. Para poder mantener la calidad de nuestra agua necesitamos que la gestión no caiga en manos de quienes busquen anteponer otros intereses que no son los de los ciudadanos.
En el anterior proceso de privatización, ya hubo una fortísima oposición ciudadana, en la que participó muy activamente Izquierda Unida, animando a todo el mundo a informarse y poder expresar su opinión acerca del proceso privatizador. El referendum popular organizado por multitud de organizaciones y vecinos sacó a la calle miles de mesas por toda la Comunidad de Madrid, ayudando a movilizar a la población en contra de la venta. La organización en la que milito, no dejará de luchar en las instituciones, jurídicamente y en el activismo en barrios y municipios por mantener el agua de los madrileños en manos de los madrileños. Para poder mantener la calidad que exigimos en el agua de uso cotidiano, es necesaria una fuerte y decidida oposición a la privatización.
* César Muñoz es Coordinador de IU Retiro y Miembro del Consejo Político Regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid.