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Los caciques de siempre

C. Muñoz*.- No he podido evitar desechar la columna que tenía ya escrita para esta semana ante una noticia de este viernes que me ha indignado como pocas. Se trata de la reforma local presentada por el ministro Montoro y que afectará de manera crítica al municipalismo, al que pretenden dejar moribundo.

La futura ley se prevé que se apruebe en los presupuestos de 2014. Supondrá un paso más en la cesión de los derechos ciudadanos y una nueva merma en la prestación de servicios equitativos. El informe de Montoro sobre Administración Local habla directamente de “privatización para favorecer a los sectores económicos más pujantes“.

Uno de los elementos clave será la prohibición para crear nuevas empresas públicas locales y la clausura de las ya existentes. Afecta entre otras cosas a mercados o lonjas, o más grave aún, a elementos centrales de una democracia como los servicios sociales. Un auténtico atentado contra las clases más humildes que a pesar de pagar sus impuestos, no pueden costearse servicios privados.

Las Diputaciones saldrán reforzadas, pues asumirán los servicios de los miles de municipios con menos de 20.000 habitantes. Si en la actualidad existe un elemento claramente anacrónico en nuestro sistema político (al margen de la monarquía hereditaria, por supuesto) es el de la existencia de las diputaciones: instituciones surgidas hace más de dos siglos para gobierno de las provincias desde las instrucciones del gobierno central. Las diputaciones mantienen cargos con elevadísimos sueldos, competencias etéreas y absurdas, y designaciones de puestos a dedo desde el gobierno. ¿Necesitamos reforzar una vuelta a los tiempos de las diputaciones franquistas? Con esta reforma habrá más puestos a repartir con pocos ojos puestos sobre ellos y escaso control político y ciudadano.

Hasta ahora la Ley de la Administración Local establecía que fueran los miembros de los ayuntamientos quienes decidieran en pleno las necesidades para el municipio, y según la carga de trabajo, de sueldos para estos trabajadores públicos. Con esta última ocurrencia del gobierno del PP, todos los consistorios se verán forzados a la eliminación de sueldos para el 82% de los concejales. Y ya no sólo concejales, sino que ni siquiera podrán cobrar ni un duro los alcaldes de municipios de hasta 1.000 habitantes.

Aunque el inepto ministro de Hacienda no ha sabido, una vez más, aportar datos, diferentes fuentes cifran en torno a un 80% el número de concejales y alcaldes que en la actualidad ya no cobran por su trabajo en los ayuntamientos. Pero la modificación afectará también muy seriamente a ciudades de medio y gran tamaño, como nuestra ciudad y muchas otras de la Comunidad de Madrid. La obligación de no cobrar que impondrán a muchos de nuestros concejales supondrá que la gran mayoría de ciudadanos no podamos acceder en igualdad de oportunidades a gobernar nuestra propia ciudad. Hasta ahora era un derecho y uno de los pilares básicos de la democracia occidental. A partir de ahora (si antes no conseguimos echar al Partido Popular), nuestro ya de por sí decrépito sistema político reducirá el gobierno de las ciudadaes a un exclusivo número de personas, que no son precisamente representativas de la realidad socio-económica de nuestros municipios.

No sólo se siguen repartiendo el pastel, sino que para colmo, estos populistas apelan a las “ideas” y los “ideales” de los políticos. Porque pretenden que somos tan tontos como para pensar que los idealistas se alimentan de ideales. ¡Qué poca vergüenza! ¿De verdad van a conseguir ocultar que quienes accederán a los gobiernos de nuestros municipios son las mismas clases dominantes de siempre? ¿Quién puede dedicarle cuatro años de su vida a la gestión de una ciudad o pueblo sin recibir un jornal? Desde luego no la clase trabajadora. No el 99% de los ciudadanos. Es la vuelta al caciquismo y a las élites dirigentes, que es precisamente lo que le sobra a nuestra democracia. Esta reforma es un nuevo paso en la misma dirección que llevan dando desde hace años quienes hacen carrera política para acabar colocados, con sueldos desorbitados, en empresas previamente privatizadas por sus propios colegas.

Aunque en realidad deben pensar que lo mismo nos debería dar, pues a quienes realmente están permitiendo gobernarnos ya en la actualidad es a las grandes entidades bancarias, a Draghi y Merkel, a las grandes multinacionales…

Están ahorrando en Democracia y siguen regalando nuestras vidas a la clase dominante. Están defendiendo los privilegios de una élite dirigente, en contra de los intereses de la mayoría.

* César Muñoz es Coordinador de IU Retiro y Miembro del Consejo Político Regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid.

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bradomin dice:

Feb 16, 2013 en 10:40

Buen artículo. Lo muevo.
Hay que echarlos, por las buenas o por las malas.

Como una consecuencia inevitable de todo lo que expones, si una persona quisiera dedicarse a la vida política y no tuviera recursos, tendría que aceptar sobornos para poder sobrevivir. Algún vivillo podría beneficiarse y esto le vendría muy bien al sistema.