A. Inurrieta*.- En el mundo anglosajón, la disciplina del análisis económico de la legislación es muy común y muy apreciado (Law Economics). Esta es una de las asignaturas pendientes de la legislación española, y en particular del Ayuntamiento de Madrid, si uno cuantifica la cantidad de sentencias condenatorias por malas praxis normativas.
Este análisis debería comenzar siempre por hacer una evaluación socio- económica del impacto que tiene cada norma, teniendo en cuenta criterios de eficiencia, equidad, y solvencia técnica y jurídica, cuidando mucho la seguridad jurídica de los administrados. Sin embargo, nada de esto se lleva a cabo y de ello depende en gran medida la calidad democrática de un país.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, si hubiese un mínimo de transparencia, los ciudadanos de Madrid asistirían estupefactos a la cantidad de sentencias condenatorias que suponen una cantidad económica no desdeñable, pero que, sobre todo, alejan al consistorio de lo que debería ser una administración ejemplar. Los principales focos de incompetencia legislativa se encuadran en el apartado de personal. El número de sentencias, y su cuantía, sobre conflictos e incumplimientos en materia de capital humano es notable y revela que hay una cierta animadversión hacia sus propios trabajadores, lo que perjudica de forma significativa a todos los madrileños que tienen que pagar con sus impuestos la mala praxis legislativa. Algunas estimaciones, repito sin ningún dato fiable, aproximan en 2011 una cantidad que podría oscilar entre 10-15 millones de euros en sobrecostes de personal por el cúmulo de sentencias desfavorables.
En materia de urbanismo también hay un buen número de sentencias que obligan a pagar al Ayuntamiento lucros cesantes, en muchos casos por arbitrariedades en materia de concesión de licencias, o por graves equivocaciones en la interpretación de las normas de aprovechamiento urbanístico. Solo en dos sentencias que conozco en el distrito de Salamanca, la cuantía es de dos millones, lo que indica una cierta negligencia en los dirigentes políticos y administrativos.
La última sentencia importante, la de la tasa de vados, es un ejemplo palmario de cierta prepotencia política y legislativa. Esta ordenanza fue recurrida por una Asociación de grandes superficies, pero también por la oposición política en el Ayuntamiento, que circuló los impresos para que los madrileños la recurriesen. Se argumentó, por activa y por pasiva, que el incremento era un exceso, y especialmente el cambio tan brusco respecto a la de 2005. Este abuso, que tenía una clara vocación recaudatoria, ha supuesto un serio revés para el consistorio que no podrá ingresar una cuantía superior a 35 mill€ este año y obligará a redactar una nueva ordenanza para 2013. Tal vez lo más pernicioso es que ha estado cobrando esta tasa desde 2007, cuando la ordenanza se declaró nula. Puede ser legal, pero demuestra una escasa sensibilidad ante actos jurídicos reglados, aunque es verdad que no eran firmes. Ahora el Supremo ha hablado alto y claro: la ordenanza no se ajusta a derecho.
En resumen, la forma de legislar en Madrid es manifiestamente mejorable, con más respeto hacia los administrados y con menos prepotencia política y administrativa. Si fuesen capaces de publicar el número de sentencias y su cuantía, los ciudadanos podrían calibrar lo que cuesta, no solo el aparato administrativo y político, sino también el mal uso que se hace de él. Siendo generosos, una aproximación realista al coste de la mala praxis legislativa se puede evaluar en el 3% por año en Madrid, algo más de 200 millones de euroa. Juzguen Uds.
*Alejandro Inurrieta es ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y Presidente del Observatorio del Distrito de Salamanca
juan Carlos says:
Magnífico análisis, como siempre.
Yo creo que no les importa lo más mínimo el tratamiento del dinero publico.
Como la derecha española y madrileña se encuentra influida por la extrema derecha (la más ultra-liberal o lo que dio en llamarse anarcocapitalismo), les parece bien “matar de hambre a la bestia” en el sentido de esquilmar todo lo público y que sólo los ricos vivan.
Además,¿para qué legislar bien, si puede hacerse a favor de uno mismo?