El hachazo, en los servicios sociales

A. Valiente*.- El  Área de Gobierno de Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid se encarga, además de los asuntos de la familia y la infancia, de los servicios sociales; de la atención a las personas en situación de dependencia, de los mayores, de los inmigrantes, de la cooperación al desarrollo, de los voluntarios -muy de moda en este mandato-; de la igualdad de oportunidades; de la educación y de la juventud -aunque para la juventud no hay presupuesto-. Se encargan de muchísimas cosas, todas ellas fundamentales para el buen desarrollo de una sociedad equilibrada y justa.

Para atender tan loables asuntos en 2009 se presupuestaron algo más de 260 millones de euros. El presupuesto inicial de este año 2012 asciende a 232 millones y medio de euros. Tras el hachazo del plan de ajuste 2012-2022 aprobado el 3 de mayo, este presupuesto se ha reducido en 14 millones y medio menos. Por tanto, hemos pasado de 260 millones en 2009 a 218 millones en 2012. Es decir, un 16 % menos en tres años.

La Comunidad de Madrid no ha inaugurado una sola residencia de mayores de gestión pública en los últimos 20 años. Sin embargo, las plazas concertadas y las plazas públicas de gestión privada sí han crecido y lo han hecho en 40.000 plazas.  Esto supone un buen negocio para las empresas que las gestionan. “Te ponemos el negocio y te lo llenamos de clientes”. Sin embargo, esta gestión no tiene que ser, necesariamente, ni mejor y ni más eficiente  que la gestión pública sólo por el mero hecho de ser privada.

Quitémonos ya esa rémora de encima: lo privado no tiene por qué ser mejor que lo público.

Solo con estos datos, sin necesidad de buscar más, me ha sorprendido leer en una columna de este mismo medio que los servicios sociales se han potenciado con los gobiernos del Partido Popular. Aunque me ha sorprendido todavía más el comprobar que aún existe la confusión entre caridad y servicios sociales. Entre beneficencia y derechos de los ciudadanos. Esta cuestión deberíamos haberla superado ya hace décadas.

Algo me estoy perdiendo… ¿no estamos en el siglo XXI? ¿la RAE aún no ha retirado la palabra caridad del diccionario?

Las organizaciones sin ánimo de lucro, sean religiosas o laicas, reciben una sustanciosa cantidad de los presupuestos públicos para atender a sus fines fundacionales. Me parece fundamental e imprescindible que los ciudadanos nos involucremos en la solución de los problemas de la propia sociedad. Sin embargo, son los poderes públicos los que deben definir las líneas de actuación en esta materia y garantizar la total satisfacción de las necesidades sociales.

Los servicios sociales no son caridad ni beneficencia. No pueden ser un negocio. No deben ser, ni siquiera, un muro de contención para que esto no explote. Los servicios sociales tienen que ser una plataforma para el desarrollo integral y la dignidad de las personas, de tal manera que pueda recibir más el que más lo necesita. Esto se llama justicia social.

* Ana Valiente es vocal vecina del PSOE en el Distrito de Salamanca.