Almeida cierra la Oficina de Derechos Humanos que abrió Carmena

La oficina de Derechos Humanos y Memoria inaugurada en 2017, que organizó actos de reparación institucional del pueblo gitano y se propuso eliminar de la capital cualquier vestigio franquista ha sido cerrada por el nuevo gobierno municipal al considerar los nuevos regidores de PP y Ciudadanos que “ha sido una correa de transmisión del sectarismo del gobierno de Carmena”.

“La aprobación del Plan Estratégico de Derechos humanos del Ayuntamiento de Madrid (2017-2019) es una gran noticia. En primer lugar, subraya el fundamento de toda nuestra política municipal que, como dice el art. 10 de la Constitución, debe ser la dignidad humana y los derechos que le son inherentes. En segundo lugar, establece una metodología muy concreta para extender este enfoque en la práctica de todas las Áreas de Gobierno. Para ello, y en tercer lugar, el Plan de Derechos humanos establece una serie de acciones y actividades específicas para mejorar desde esta perspectiva la calidad de todas nuestras instituciones y políticas públicas” dijo en su inauguración la anterior regidora Manuela Carmena.

Así se presentó:

La aprobación del Plan Estratégico de Derechos Humanos (2017-2019) del Ayuntamiento de Madrid ha supuesto un paso decisivo en la consolidación de Madrid como ciudad de derechos. La vinculación de Madrid con los derechos no es nueva, dado que en diversos momentos de la historia nuestra ciudad y sus habitantes hemos sido un referente para la causa de los derechos humanos. Asimismo, las políticas de derechos humanos han formado parte de la acción de los diversos gobiernos municipales, cumpliendo así con el mandato constitucional de respeto y promoción de los derechos por parte de todos los poderes públicos. Si es constitucionalismo se define por algún elemento, este es sin duda el de situar la garantía de los derechos humanos como criterio de legalidad y legitimidad de todos los poderes públicos y privados.

Con el Plan Estratégico de Derechos Humanos, basado en la normativa internacional y en las directrices de Naciones Unidas sobre el enfoque de derechos humanos que ha de presidir toda política pública, el Ayuntamiento de Madrid se dota de un instrumento político innovador y de primer orden para transversalizar el enfoque de derechos en toda la actividad municipal. El Plan pone en valor la labor del Ayuntamiento de Madrid, y de todas y todos sus trabajadores, en la promoción de los derechos humanos.

El enfoque de derechos exige que las políticas públicas recojan los siguientes elementos:

la participación activa de las personas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
la rendición de cuentas de las instituciones responsables de tales políticas ante la ciudadanía en cuanto garantes de derechos.
la implicación real con la no discriminación, atendiendo a las perspectivas de género e interseccionalidad.
la responsabilidad para fortalecer y apoyar las capacidades de las personas para reclamar y ejercer los derechos.
Tanto el proceso de elaboración como el contenido del Plan responden a este enfoque, que ahora se extiende a la totalidad de las políticas municipales.

La aprobación del Plan supuso el punto de partida para la configuración de una estructura institucional, normativa y política que se agrupa bajo la denominación ‘Madrid, ciudad de derechos’. Tras el Plan y sus metas, objetivos y líneas de acción se desarrolla todo un diseño institucional para llevar a cabo una política de sensibilización y difusión de los derechos humanos que se pretende alcance no solo a la acción municipal, sino también a la ciudadanía.

Solo así podremos perfilar al Ayuntamiento de Madrid como una institución garante de derechos, haciendo de su respeto el centro de nuestra acción política.

Siendo la memoria el ejercicio de reconstrucción del pasado en el momento presente, no puede concebirse como una obligación sino como un derecho; un derecho de la ciudadanía. El objetivo fundamental de toda política de memoria debe ser garantizar que ese derecho pueda ser ejercido en cada momento por los ciudadanos, con la voluntad de compartir una reflexión crítica sobre acontecimientos violentos de nuestra historia reciente que supusieron una violación de derechos humanos sostenida y socialmente traumática.

Existe, sin duda, una responsabilidad ética y política de recordar, conmemorar, compartir y transmitir una memoria democrática con la finalidad de que sea conocida, usada y resignificada. Igualmente las administraciones públicas deben canalizar, sin pretender imponer un relato único o monolítico, la participación y la expresión del pluralismo en su configuración. La memoria es, por ello, dinámica e incluso conflictiva.

Hemos de asumir como patrimonio de la sociedad los esfuerzos, conflictos, luchas y memorias que han hecho posible el mantenimiento de nuestros valores democráticos y, por tanto, garantizar la transmisión de este complejo patrimonio a generaciones futuras. La memoria histórica democrática consiste en construir y difundir el relato (o los relatos) que proponen una narración y explicación de los hechos del pasado, sin partidismos y desde los valores democráticos irrenunciables. Nuestra memoria histórica democrática supone la lectura crítica de la dictadura y la valoración de la resistencia a la misma, rescatando y conmemorando los valores y esfuerzos de quienes, en medio de dicha dictadura, pugnaron por defender la dignidad, la igualdad, la libertad y la democracia y, de este modo, contribuya a crear condiciones de pedagogía social que se constituyan en garantías de no repetición.

La gestión del diálogo libre y plural entre memorias sólo tiene un límite: debe poner a salvo unos mínimos democráticos. No se puede utilizar para excluir, ni equiparar acontecimientos. Tampoco para reescribir una historia de legitimación de ninguna forma de guerra, violencia o conculcación de derechos humanos. Debe servir con intención de verdad y justicia al valor superior de la dignidad humana y a los derechos y libertades que de éste se derivan.

En este sentido, una política de memoria va más allá de la defensa de los derechos de las víctimas. El testimonio de éstas tiene, sin duda, un valor muy destacado en la construcción de la memoria, pero una política pública de memoria no tiene por objetivo a las víctimas, sino al conjunto de la ciudadanía.

Debemos promover el cumplimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación, arrojando luz sobre las vulneraciones de derechos humanos producidas, reconociendo la injusticia del daño causado a las víctimas del franquismo y ofreciéndoles una reparación, cuando menos moral.

Por último, la conmemoración de acontecimientos y personajes no debe limitarse a la instalación de elementos de recuerdo físico. Cierto que esta actividad es necesaria e imprescindible, pero no suficiente pues ha de sumar una reflexión añadida sobre el dinamismo de su creación, mantenimiento y vigencia. Solo de esta manera se podrá cumplir el imprescindible fin pedagógico con el que se contribuye a la transmisión del patrimonio inmaterial en que la memoria consiste.