La Policía lleva a cabo “controles de identidad racistas” en Madrid

P. Horrillo.- Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) han presentado el primer informe sobre los “Controles de identidad racistas en Madrid”. Los miembros de esta agrupación, ciudadanos apoyados por diversos colectivos y asociaciones de barrio, han llevado a cabo un registro desde diciembre de 2009 hasta mayo de este año sobre acciones policiales que definen como “ilegales e inconstitucionales”. La principal conclusión que se extrae del informe es la existencia de dichos controles pese a la negación constante por parte del Gobierno, como ya ocurrió en febrero de este año cuando el ahora ex-ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que “no hay redadas en nuestro país, no existen”.

En este año y medio de actividad, los miembros de las BVODH han podido constatar que en más de un 40% de sus salidas han encontrado dispositivos selectivos de control de identidad. Además, explican que la identificación se efectúa siguiendo criterios de aspecto (por cómo van vestidos) y fenotípicos (por sus rasgos físicos) por lo que “se atenta contra el principio de igualdad”. También advierten de que los controles se realizan en zonas de la ciudad muy transitadas, tales como estaciones de medios de transporte “convirtiendo el espacio público en un lugar sujeto al control policial”.

Estas acciones, llevadas a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía siguiendo las órdenes del Ministerio del Interior, “constituyen un hostigamiento contínuo que conlleva la interiorización del miedo a la hora de realizar actividades cotidianas que se convierten en actividades de riesgo”. En términos legales, las personas que carecen de un permiso de residencia en vigor están en situación irregular, hecho que constituye una falta administrativa y no un delito penal. Pese a esta legislación, las BVODH denuncian cómo la identificación de personas conlleva unas consecuencias muy negativas tanto en el terreno individual como en la percepción social de estas personas.

Aunque las salidas de las BVODH no suponen un muestreo estadístico representativo en la ciudad (por falta de recursos técnicos y humanos), su denuncia se apoya también en datos oficiales. En febrero de 2010, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) puso en conocimiento público la cifra de 445.000 personas identificadas durante 2009, lo que pone de relevancia la elevada presencia de controles policiales en la ciudad.

Ya en junio, las BVODH denunciaron públicamente que la Policía había interpuesto denuncias contra varios miembros de las brigadas que se enfrentaban a sanciones económicas por valor de 3.700€. Pese a los argumentos esgrimidos por los agentes, las BVODH se ven legitimadas para continuar recogiendo datos de estas redadas ya que consideran que su labor es necesaria.