Piden que se anulen los decretos de Aguirre en el Canal de Isabel II

C. Linares.- La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II ha pedido este lunes 26 de abril de 2017 la liquidación y disolución de la Sociedad Anónima Canal Isabel II S.A. (antes Canal Gestión) y el retorno de la gestión del ciclo urbano del agua en Madrid a la entidad pública Canal de Isabel II en la que se adopte “un modelo de gestión público, transparente, con rendición de cuentas, democrático y participativo”.

La plataforma ha indicado que la “corrupción generada por el PP” y operación Lezo ha dado la razón a sus denuncias durante años, por lo que reivindica la depuración de responsabilidades políticas y sociales y la implantación de un modelo de gestión no lucrativa, transparente, participativa, con rendición de cuentas y democrática.

“La operación Lezo que ha puesto en marcha el magistrado Eloy Velasco pone en evidencia el alcance de la corrupción en la Comunidad de Madrid y su relación con el Canal de Isabel II, empresa pública controlada por la Comunidad, y que se entrelaza con otras tramas corruptas como la Gürtel, Tosca y Púnica, destinadas tanto a financiar al Partido Popular como a enriquecer descaradamente a los corruptos”, han señalado.

La Plataforma contra la privatización del Canal ha recordado que Salvador Victoria, que fue consejero de Justicia del gobierno de Ignacio González y presidente del propio Canal, está imputado en el caso Púnica. En el de la Tosca lo está Gerardo Díaz, exgerente de la filial Hispanagua y actual colaborador de la Dirección de Operaciones en Canal de Isabel II S.A, antigua Canal Gestión.

“El impacto mediático que ha alcanzado la trama Lezo, y que ha provocado una importante alarma social, se debe tanto a la importancia de las cifras que están en juego como a la relevancia política y social de los hasta ahora principales implicados, procedentes del ámbito político (con Ignacio González a la cabeza), empresarial (OHL, Licuas e Indra, entre otras) y al específico de directivos de la empresa (el ex director general de la empresa Adrián Martín, la anterior directora financiera María Tersa Richmond y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de la filial Interamericana de Aguas y Servicios)”, señalan.

Sin embargo, señalan que las evidencias de corrupción ligadas con la actividad del Canal de Isabel II no son nuevas, sino que se han puesto reiteradamente de manifiesto tanto por la propia plataforma y los medios de comunicación como por la Comisión de la Asamblea de Madrid de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, creada “a pesar de la oposición frontal del Partido Popular”, que en mayo de 2016 ya denunció el caso de la empresa Emissao en Brasil.

“Éste fue el detonante de la operación Lezo que Cristina Cifuentes pretende capitalizar de forma oportunista emulando a Esperanza Aguirre y su ‘Yo destapé la Gurtel’. En este sentido, con la operación Lezo, que bien puede denominarse caso Canal, sale a la superficie el verdadero iceberg de la corrupción que se ha ido entretejiendo en torno al Canal durante los gobiernos del PP presididos por Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre e Ignacio González, que han aprovechado la preponderancia e importancia del Canal para expoliar lo público”, han manifestado.

Todo comenzó en 2008 con Aguirre

La plataforma achaca todos estos casos a la progresiva mercantilización del Canal de Isabel II que tuvo un hito importante en 2008, cuando el gobierno de Esperanza Aguirre empezó el proceso de privatización de la empresa pública, y otro en 2012 cuando el de Ignacio González creó la Sociedad Anónima Canal Gestión.

“Durante todo este proceso se ha materializado una patrimonialización rotunda del Canal por parte del PP, utilizando esta empresa en beneficio del partido y de sus dirigentes, a través de un modelo de gestión totalmente opaco cuyo fin último es la maximización y reparto de los beneficios, como paso previo a la privatización, en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa y de las necesarias inversiones para asegurar la sostenibilidad de los servicios. Este modelo mercantil se ha consolidado, además, vulnerando la autonomía de los ayuntamientos y en claro detrimento de sus competencias en los servicios de abastecimiento y saneamiento”, han señalado.

Frente a la corrupción y el ánimo de lucro, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II contrapone la transparencia, la rendición de cuentas, el control y la participación democrática. Y exige la depuración de las responsabilidades políticas y penales de las personas que han incurrido en actos de corrupción o que han mostrado connivencia con los mismos, especialmente los responsables en la toma de decisiones en los diferentes consejos de administración de la empresa

Asimismo, la plataforma ve “urgente” que la Asamblea de Madrid asuma su responsabilidad para evitar futuros casos de corrupción en el Canal anulando los decretos que empezaron la privatización y promulgando una ley que haga posible la implantación de un modelo de gestión como el reivindicado por la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, que ya fue apoyado en enero de 2015 por más de 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales de la región.